La reducción del precio de los medicamentos genéricos enfrenta al Ministerio de Sanidad con la industria y con los farmacéuticos | Sociedad

El anteproyecto de ley del medicamento, que el Consejo de Ministros aprobó el martes y que pretende ahorrar 1.300 millones de euros a las arcas públicas, tiene un punto clave de fricción entre el Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica. Es, precisamente, el destinado a producir la mayor parte de ese ahorro: un nuevo sistema para establecer el precio de los medicamentos genéricos que los productores y las oficinas de farmacia consideran que les va a perjudicar.El mercado de los medicamentos es el más regulado del país, y las empresas no pueden establecer los precios de los financiados. Hasta ahora, es una comisión interministerial la que regula el precio de venta de los genéricos tras la expiración de una patente, que suele estar un 40% por debajo del que tenía el de marca. El nuevo texto cambia las reglas por completo: ahora serán las farmacéuticas las que hagan ofertas ciegas, de las que Sanidad elegirá la mejor, siempre que cumpla unos determinados requisitos (de capacidad de producción y garantías de abastecimiento) y establecerá una horquilla de precios en los que los fármacos estarán financiados.Si el paciente va a la farmacia y no especifica una preferencia, se le dispensará el de precio más barato dentro del principio activo. Puede elegir también los otros que estén dentro de la horquilla, pero si escoge un fármaco que no pertenece a este grupo, tendrá que pagar la diferencia de precio.Con esta medida, Sanidad pretende incitar una “sana competencia”, en palabras de la ministra Mónica García, que pueda aligerar el presupuesto en fármacos del país (es el sexto de la OCDE en inversión per cápita) y fomentar un mercado de genéricos, que en España está en torno a un 40%, un 16% menos que la media europea.Para la industria, el nuevo sistema “pone en riesgo el abastecimiento de medicamentos y el tejido industrial farmacéutico en España”. Juan Yermo, director general de Farmaindustria, asegura a EL PAÍS que el sistema que propone Sanidad, provocará que las empresas con mayor capacidad de ofrecer el precio más bajo posible, “que son las asiáticas”, puedan hacer ofertas “de derribo, por debajo del coste de producción, ya sea para hacerse con el mercado o para quitarse stock sobrante”. Además, el nuevo modelo, que propone revisar los precios cada seis meses, “quitaría predictibilidad a las empresas y no les permitirá planificar su producción”.Otro sector que se ha mostrado muy preocupado con la nueva regulación es el de los farmacéuticos. Su Consejo General emitió el martes una nota en la que asegura que el nuevo sistema pone en peligro “la adherencia terapéutica y la continuidad de los tratamientos”, al establecer revisiones semestrales que modificarían cada poco tiempo el fármaco seleccionado que dispensar al paciente. “El nuevo modelo de subasta disminuiría la disponibilidad de medicamentos provocando pérdidas de empleo y reducción del número de farmacias, que se verían directamente afectadas por la norma, lo que repercutiría en su calidad asistencial”, asegura el Consejo.El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explica a este periódico que su departamento está dispuesto a negociar nuevas propuestas, siempre que se pongan sobre la mesa alternativas que consigan rebajar el gasto, aumentar la competencia y asegurar la autonomía estratégica del país, algo que, dice, no han hecho por ahora.Su equipo ha analizado los sistemas de otros países, como el sueco, y cree que el propuesto es el que puede garantizar todo esto: “En las negociaciones hemos escuchado a la industria, hemos ampliado el plazo de vigor de los precios de dos a seis meses. El redactado, además, deja claro que este sistema no se va a aplicar a todos los medicamentos, sino solo a aquellos con los que no se haya conseguido una bajada de precio”.Para evitar los problemas que augura Farmaindustria, Padilla explica que en la elección del precio el Gobierno tendrá en cuenta la autonomía estratégica y exigirá una capacidad de suministro, “para evitar que te ofrezcan un stock que se va a terminar en dos meses”.El secretario de Estado celebra que este sea prácticamente el único punto de fricción en un extenso texto que incorpora numerosas medidas novedosas, como una mayor flexibilidad de la dispensación y la prescripción, que dotará de capacidad de recetar fármacos a enfermeras y fisioterapeutas dentro de sus competencias, o la potestad de los farmacéuticos de ofrecer productos con las mismas características que los prescritos y distinta presentación, en caso de quedarse sin existencias.Pero la discrepancia no es menor, porque el anteproyecto de ley tendrá que ser tramitado en el Parlamento y debe recibir el apoyo mayoritario de la cámara, para lo que debe recibir el voto favorable de partidos conservadores que podrían alinearse con las demandas de la industria.Sanidad confía en que esta renovación de la ley del medicamento, que lleva en vigor con pequeños cambios desde los años noventa, salga adelante con las modificaciones que comenzarán desde las alegaciones que el sector puede presentar hasta después de Semana Santa y con el propio trámite parlamentario. Y que no suceda como con la Agencia Estatal de Salud Pública, para la que había un amplio consenso que incluía a todas las fuerzas de la Cámara, excepto a Vox, y que fue tumbada a última hora por un asunto que nada tenía que ver con este organismo.