Endesa e Iberdrola abren una guerra judicial por los residuos nucleares y reclaman 778 millones al Estado | Clima y Medio Ambiente

Las dos grandes eléctricas propietarias mayoritarias de las centrales nucleares de España —Endesa e Iberdrola— han abierto una guerra judicial contra el Estado a cuenta de estas instalaciones. Mientras abogan en público por una negociación con el Gobierno para ampliar el calendario de operación de las cinco plantas del país —aunque sin presentar una propuesta concreta y consensuada con todas las compañías propietarias de las plantas—, estas dos empresas han puesto a trabajar a sus despachos de abogados contra el Gobierno, contra la compañía pública que gestiona los residuos radiactivos (Enresa) y contra el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el órgano que supervisa la actividad de estas centrales.El fuego lo abrió a finales de febrero Iberdrola, cuando presentó una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa por la subida de las tasas para la gestión de los residuos radiactivos. Reclamaba, según adelantó EL PAÍS, 324 millones de euros por daños y perjuicios. En la última semana de junio se ha sumado a esta estrategia Endesa, que reclama otros 454 millones por los mismos motivos. En total, 778 millones. Sin embargo, Endesa no ha ido directamente a la justicia. Sus abogados han preferido presentar una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene las competencias sobre energía, y contra Enresa. Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta tercera Sara Aagesem se limitan a señalar que se ha recibido “una reclamación patrimonial de Endesa y su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado”.Fuentes conocedoras de esta reclamación explican que su presentación desembocará en un informe del Consejo de Estado. Si se rechaza, como ocurre en la mayoría de los casos, la eléctrica podría abrir la vía judicial, como pasa también habitualmente con estos pleitos. El caso de Iberdrola contra Enresa está también en una fase inicial y la Abogacía del Estado está igualmente preparando su respuesta a la demanda. En ambos casos la raíz del problema está en las tasas que las propietarias de las nucleares deben pagar para que la empresa pública Enresa asuma la multimillonaria factura de tratar sus residuos radiactivos. La normativa nacional y europea se basa en el principio de quien contamina paga, es decir, aquellos que generan un residuo deben asumir su gestión. Y en el caso de los desechos de la industria nuclear son, además de peligrosos, muy costosos de tratar. El Gobierno, tras actualizar el desfasado plan nacional de residuos radiactivos, aprobó hace un año un incremento de la tasa del 30%. Poco después, Iberdrola y Endesa amenazaron con una reclamación patrimonial como la que finalmente han presentado por el incremento. Además, en septiembre de 2024 ya recurrieron también ante el Tribunal Supremo el nuevo plan de residuos radiactivos, que no se había actualizado desde 2006. El principal argumento en todos los casos es un supuesto incumplimiento del contrato en el que habrían incurrido Enresa y el Gobierno. Ese contrato al que se refieren las eléctricas es el protocolo que ellas firmaron en 2019 con la empresa pública en la que se establecía el calendario de cierre, que arrancará con la desconexión del primer reactor de la central nuclear de Almaraz en 2027 y concluirá con Trillo en 2035. Además de fijar esa ruta de clausura ordenada, que luego sirvió para actualizar el plan de residuos radiactivos, se estableció un tope a la subida de la tasa para gestionar esos desechos, que ahora habría incumplido el Ejecutivo, según el razonamiento de las empresas.Pero entre 2019 —cuando se firmó el protocolo— y 2023 —cuando se aprobó el nuevo plan de residuos— se produjo un cambio determinante, ya que el Gobierno descartó que los desechos radiactivos de más intensidad y peligrosidad, fundamentalmente, el combustible gastado, se guardaran en un único depósito. Serán, en su lugar, siete almacenes (ubicados en los emplazamientos en los que han estado operando las plantas nucleares) los que guarden esos residuos durante al menos las próximas cinco décadas. El Gobierno optó por esa la solución de los siete almacenes ante la imposibilidad de encontrar un Gobierno autonómico dispuesto a que su comunidad acogiera los residuos radiactivos de alta intensidad de todas las centrales del país. Y esa multiplicación de silos ha tenido un impacto en los costes y, por lo tanto, un incremento de las tasas que ahora denuncian las eléctricas.Contra el CSNEl coste de la gestión de los residuos es uno de los factores que hacen perder competitividad a las nucleares frente a otras tecnologías, como las renovables, lo que complica su viabilidad salvo que el Estado entre al rescate. De hecho, esas renovables ya están expulsando del mercado eléctrico a la nuclear durante muchos momentos del año. Las compañías propietarias de las centrales han optado por conectar y desconectar los reactores en función de los precios. Para regular este tipo de operaciones inusuales (hasta ahora siempre habían operado en España estas plantas a plena potencia cuando estaban disponibles), en 2024 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó una instrucción técnica en la que establecía los requisitos para que se pudieran llevar a cabo esas paradas. Pero fuentes del CSN explican que también a finales de junio las compañías propietarias de las centrales han recurrido por la vía judicial esas instrucciones. Lo han hecho en este caso, y argumentando fallos en el procedimiento de aprobación de esa instrucción técnica, a través de las agrupaciones de interés económico que gestionan las centrales de Ascó, Vandellós, Almaraz y Trillo (ANAV y CNAT), apuntan las mismas fuentes. Presión casi constante Estas reclamaciones y demandas se producen en un contexto de presión desde el sector pronuclear para ampliar el calendario de cierre de las plantas. Esta ruta fue acordada con las propietarias. Endesa e Iberdrola son las accionistas mayoritarias, pero también tienen participaciones en este negocio Naturgy y EDP. Y no todas tienen el mismo interés en que continúe el negocio nuclear. De momento, las cuatro no han acordado una propuesta conjunta de modificación del calendario. Solo Iberdrola y Endesa enviaron una carta hace unas semanas al ministerio conminando a este departamento a prolongar la vida de las centrales. Pero el Gobierno insiste en que no hay una propuesta concreta y que, en todo caso, debe ser acordada por las cuatro propietarias. Aagesen, además, ha trazado una línea infranqueable si se llega a abrir en algún momento esa negociación formal: “la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no van a recaer en los consumidores”. Y las propietarias insisten en que se deben reducir esas cargas, contras las que Endesa e Iberdrola han abierto una millonaria guerra judicial. Consultadas por este periódico, ninguna de las dos compañías ha hecho ningún comentario sobre las demandas y reclamaciones.