En momentos tan críticos como los que atravesamos –cuando el terrorismo y el poder de las organizaciones criminales buscan poner al Estado colombiano en jaque como no se veía hace más de tres décadas–, resulta por lo menos polémica la ausencia pública de la fiscal Adriana Camargo, la titular del cargo que muchos consideran el segundo más importante en el país, después de la Presidencia de la República.A días de completar 18 meses de su periodo de cuatro años, la Fiscal General mantiene el perfil bajo que anunció desde cuando hacía campaña ante la Corte Suprema y que representó un claro contraste con el de su antecesor, Francisco Barbosa, quien terminó su fiscalía graduado de abierto contradictor del presidente Petro. LEA TAMBIÉN En varios sectores –incluido el alto tribunal que la eligió, de acuerdo con fuentes bien informadas– hay preocupación porque la falta de comunicación de la que hace gala la Fiscalía de Adriana Camargo tenga más de fondo que la simple decisión de no asumir posición frente a la coyuntura nacional. Decisión por lo demás polémica, porque las voces de sus pares en las cortes, en la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo son necesarias y se han escuchado a la hora de defender la institucionalidad frente a los intentos de violentar la separación de poderes que se han visto en los últimos meses.Pendiente de la demanda que finalmente se falló en el Consejo de Estado a favor de la legitimidad de su elección, la administración de Camargo pareció andar a media marcha en varios frentes. La Fiscal no marcó posición pública frente al polémico proyecto con el que el gobierno Petro busca repartir a granel zanahoria para atraer a las bandas criminales a la ‘paz total’. En las últimas dos semanas no asistió a encuentros infaltables en su sector: los de las cortes Constitucional y Suprema, que congregaron incluso al Presidente de la República y en los que la Rama en pleno reiteró su mensaje de independencia de los jueces como base fundamental de la democracia. Tampoco, a diferencia de sus antecesores, ha sido notoria su interlocución con los Estados Unidos, socio clave de Colombia en materia de justicia y que está a punto de decidir el espinoso tema de la certificación por los magros resultados en la lucha antinarcóticos. LEA TAMBIÉN La misma Fiscal General que hace dos meses decidió apartar de la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay a las agencias del gobierno Petro, ante indebidas filtraciones de información, ha callado frente a la cascada de teorías que sobre el crimen ha manifestado en diferentes escenarios, alocuciones televisadas incluidas, el jefe de Estado. Y son muchas las voces que cuestionan la gestión de la Fiscalía en casos claves de corrupción como el de la UNGRD, el de Nicolás Petro y el de la presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente en el 2022. LEA TAMBIÉN Una máxima en el mundo de la justicia es que los jueces hablan con sus sentencias. Pero en las democracias los ciudadanos esperan oír las voces y posiciones de los funcionarios en los que han depositado las máximas responsabilidades. La Fiscal General es una de ellos.JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET