El masivo uso de drones por parte de grupos armados ilegales también llegó a las cárceles. El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, habló con EL TIEMPO sobre esta nueva modalidad que ya se ha documentado en establecimientos como La Picota, donde los guardias deben estar atentos a cualquier anomalía en el espacio aéreo. La dificultad, según el coronel, es que no existe una capacidad instalada para enfrentar este flagelo. Gutiérrez se refirió a la solución momentánea que están planteando, al aumento del hacinamiento y al polémico ‘tarimazo’.¿Cómo va la lucha contra la extorsión carcelaria?Es uno de los principales retos que tenemos en el sistema carcelario, no solamente en Colombia sino a nivel mundial. Es importante la articulación internacional para generar, a partir de operativos, controles. Por eso hace dos años se lanzó la ‘Operación Dominó’, en la que hay un modelo operacional con una temática y participación de la Policía y la Fiscalía. Se identificaron 35 dinamizadores (presos de alto nivel). En lo que va de este año tenemos 70 traslados de estos delincuentes y más de 15.000 operativos que han permitido el decomiso de 22.400 celulares y 19.800 simcard.Hacinamiento carcelario. Foto:Archivo¿Cómo va la ‘Operación Dominó’ en cuanto a investigaciones?Hay que continuar con esa segunda fase para concretar quiénes ingresan teléfonos, cómo lo hacen. ‘Negro Ober’, ‘Castor’ y otros están en las cárceles, pero afuera hay otros actores, que son los que lanzan la granada, reciben el dinero. Ahí viene otro factor: el tema tecnológico. Los inhibidores no funcionan y hoy están utilizando drones para hacer lanzamientos de celulares y sustancias de estupefacientes.Esta modalidad es nueva, ¿qué han identificado?Se han visto varios escenarios en Jamundí, en Girón y hasta en La Picota, donde también lo han intentado. Los funcionarios han hecho su trabajo y han logrado detectarlos, pero esto ya trasciende de la labor humana a la técnica. Nuestro sistema penitenciario no cuenta con grandes recursos, y ahí está el reto: conseguirlos para poder acceder a mejor tecnología. LEA TAMBIÉN ¿Cómo frustra la guardia del Inpec un ingreso de celulares vía aérea?Desde hace unos días tenemos algunas medidas, como las mallas en los patios, que impiden que, si hay algún lanzamiento, llegue a su destino; en cambio, queda incrustado allí. En ciudades como Bucaramanga ya se han hecho capturas en flagrancia de personas que lanzaban objetos desde la calle. Por eso es clave la articulación con la Policía.El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:JAVIER NIETO ÁLVAREZ¿Cómo va el hacinamiento? ¿Han sido suficientes las medidas adoptadas?Los esfuerzos que se hagan en materia carcelaria nunca serán suficientes, porque el sistema va de la mano con la política criminal. Si aumentan las capturas, aumentan los presos, los sindicados. Eso repercute en el hacinamiento, que hoy está en 27,7 por ciento, lo que equivale a unas 22.900 personas aproximadamente. Las cárceles tienen una capacidad instalada de 82.000 cupos. La Policía, por su parte, enfrenta una crisis con 20.000 privados en estaciones, donde el hacinamiento alcanza el 150 por ciento.Entonces ha subido el hacinamiento en el último año…Sí, en 2023 recibimos el Inpec con un 19 por ciento de hacinamiento, representado en 99.000 personas. Tenemos una oscilación de más o menos 5.000 internos en aumento y casi ocho o nueve puntos porcentuales más, producto del esfuerzo de recibir condenados y sindicados. En un solo día, por ejemplo, hemos recibido 900 detenidos. Y la Policía maneja un promedio de 3.400 capturas diarias, de las cuales cerca del 60 por ciento terminan con medida privativa de la libertad. Eso, claramente, impacta. LEA TAMBIÉN ¿Cómo va la ampliación de cupos carcelarios?La Uspec nos ha informado que para el próximo año podrían ampliarse 5.000 cupos nuevos. Lo otro es con los entes territoriales y las cárceles municipales. Si ellos los hicieran, se resolvería el hacinamiento de la Policía, pero hay problemas financieros y vuelve a pasarse la bola de quién va a construir las cárceles. Faltan 40.000 cupos para resolver todo el problema.A propósito del polémico ‘tarimazo’, los presos de La Paz, en Itagüí, salieron con autorización del Inpec…Hay una serie de procesos de paz direccionados por el alto consejero, para adelantar diálogos sociojurídicos con estructuras criminales. En Itagüí hay 17 voceros designados. Más allá de que hayan salido al famoso tarimazo, todo está en el marco de la ley y las solicitudes fueron revisadas. Lo cierto es que, desafortunadamente, los sistemas penitenciarios también son muy políticos porque impactan en que hay delincuentes con capacidad y con finanzas criminales. También hay que decir que existen investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía. Ellos serán los que establezcan si hubo o no errores en la forma y en el fondo.La celda de alias Pipe en La Picota. Foto:Suministrada¿Ellos han vuelto a salir en el marco de esa gestoría de paz?No han vuelto a salir. Hay unas instrucciones, actividades que se tienen que revisar, pero no han salido. Se viene trabajando con la alta consejería para la paz.¿Qué pasó con el traslado de alias Pipe Tuluá?Hay que aclarar que hubo desinformación frente a lo de ‘Pipe Tuluá’. Él ingresó al sistema penitenciario en 2015 para pagar varias condenas. La Policía le solicitó al Inpec su custodia, aduciendo medidas de seguridad y la cantidad de homicidios que este delincuente ha ordenado. La inteligencia analizó que, cuando Estados Unidos hace el requerimiento de extradición, la reacción de este delincuente podría ser traumática para la guardia, por eso se decide llevarlo a una estación. Se está trabajando con la Corte y con la DEA para agilizar su extradición. LEA TAMBIÉN Supuestamente él denunció un intento para asesinar a ‘Araña’ en La Picota, ¿cómo fue eso?Hay mitos que se presentan en las cárceles. Hubo una incautación de un arma en el pabellón de extraditables. No tenemos los detalles, los tiene la Fiscalía, están estableciendo quién la ingresó, cómo estaba ahí. Él aduce que le salvó la vida a ‘Araña’, pero eso mejor se lo dejamos a la Fiscalía.Carlos López – Redacción Justicia