En los últimos dos años, el Consejo de Estado está en una maratón para resolver los más de 1.000 procesos de nulidad de elección contra congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. El alto tribunal ha fallado un número considerable de casos destituyendo a los funcionarios, lo que ha oxidado el sistema electoral, que ha tenido que financiar y agendar más de una decena de elecciones atípicas en todo el territorio nacional. EL TIEMPO habló el exregistrador para asuntos electorales Alfonso Portella sobre el vacío normativo que propicia este fenómeno. LEA TAMBIÉN ¿Qué hay detrás de la lluvia de nulidades electorales del Consejo de Estado en los últimos dos años?El fenómeno de tantas nulidades está directamente asociado a la doble militancia. Esta figura está planteada de manera muy escueta en el artículo segundo de la Ley 1475 de 2011 y ha sido desarrollada a través de la jurisprudencia. Eso permite mucha flexibilidad en su interpretación y, si se sigue la evolución de esa jurisprudencia, se observa cómo se han creado escenarios que terminan convirtiendo la doble militancia en el detonante de múltiples nulidades. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha insistido en que los candidatos deben lealtad a sus partidos. En un país donde las coaliciones son la regla —ya es raro encontrar alcaldías o gobernaciones respaldadas por un solo partido— esa situación deriva en faltas constantes de los candidatos al desconocer o malinterpretar la figura. Basta con que un candidato apoye a otro distinto al de su partido para incurrir en doble militancia. Y esto se ha vuelto, en la práctica, una cacería de brujas: hoy el “negocio” es vigilar al opositor, seguirlo en tarimas, revisar sus redes, para detectar cualquier error y convertirlo en demanda.Más de 20 millones de colombianos participaron de las elecciones regionales. Foto:Abél Cárdenas. EL TIEMPO¿Por qué se incurre en esta falta?Porque hay un vacío en el desarrollo de la norma. Hace falta que la ley se ocupe de regular la doble militancia de manera clara y que no quede a disposición del juzgador. Hoy existen demasiadas interpretaciones, y en esa multiplicidad de lecturas es donde se produce este fenómeno de nulidades por doble militancia. Necesitamos una norma mucho más concreta, más específica, que defina cómo se maneja la doble militancia. O, en su defecto, eliminarla de las causales de nulidad y dejar que sean los partidos quienes disciplinen a sus candidatos, pero sin que eso implique anular elecciones. ¿Cuál es el costo político de este fenómeno?Genera un desgaste institucional porque se repiten elecciones permanentemente. Si se suma cuánto han costado todas las elecciones que se han repetido, se encuentra un gasto enorme de dinero y, además, una inestabilidad política en municipios y departamentos por cuenta de este patrón. ¿Considera que hay una red estructurada detrás de estas demandas? Hay más de 1.000 desde 2022…Yo no hablaría tanto de una red. Lo que sucede es que la norma es tan escueta que hoy se convirtió en una herramienta política. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en un ejercicio político y mi contrincante tiene mucha fortaleza, la manera de desgastarlo es a través de ese fenómeno: cazándole errores y transformándolos en demandas. Eso hace parte del andamiaje de la política. Hoy los candidatos tienen que cuidarse muchísimo, porque existen verdaderos “cazadores” de este tipo de faltas, tanto en redes sociales como de manera presencial en los actos de campaña. LEA TAMBIÉN ¿Cómo percibe usted la actuación del Consejo de Estado?Lo que pasa es que se ha vuelto mucho más visible debido a la modificación de las competencias. Antes, las competencias dependían del tamaño electoral de cada circunscripción o municipio. Había procesos que ni siquiera llegaban al tribunal porque eran de única instancia, y otros que llegaban en segunda instancia dependiendo de la magnitud del caso. Muy excepcionalmente llegaban al Consejo de Estado. Hoy, con la modificación de las competencias, absolutamente todos los procesos van a parar allí: unos en segunda instancia y otros, incluso, en única instancia. Por eso hoy el Consejo de Estado tiene toda la visibilidad en materia de nulidades electorales.Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet¿Cómo ve usted el choque entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que ya ha devuelto expedientes como el de ‘En Marcha’ y el de Alexander López?Lo que pasa es que el Consejo de Estado, de acuerdo con la norma actúa directamente sobre las causales que son objetivas. Es decir, si la conducta de una persona encaja dentro de una causal de nulidad, no se revisa absolutamente nada más. La Corte Constitucional, en cambio, tiene la posibilidad de hacer una interpretación mucho más amplia, porque puede valorar otros fenómenos de carácter subjetivo. Y ahí es donde se generan choques. En el caso de los partidos políticos hay una regla de oro: la matemática. Si un partido obtiene el 3 % en las elecciones al Congreso, tiene derecho a personería jurídica. Esa es la base. La excepción fue la sentencia de unificación que le devolvió la personería al Nuevo Liberalismo. Esa sentencia abrió la puerta para que otros movimientos intentaran recuperarla bajo ciertos parámetros. LEA TAMBIÉN ¿Cree que el CNE pecó por exceso en la entrega de personerías y avales?El Consejo Nacional Electoral, diría yo, cometió errores al ser tan amplio en la interpretación de esas solicitudes, otorgando personerías a colectivos que no cumplían estrictamente los parámetros, sino que apenas se parecían. Y bajo esa lógica de “amplitud de la democracia”, se colaron varias personerías jurídicas que hoy están siendo tumbadas por el Consejo de Estado.La Corte Constitucional, por su parte, revisa algunos casos. Pero, por ejemplo, en el de En Marcha, el Consejo de Estado ratificó que no debía tener personería jurídica porque no era una colectividad política, sino parte de un ejercicio en coalición. En conclusión, lo que estamos viendo es que el Consejo de Estado se está volviendo más estricto en la interpretación de la sentencia de unificación y, al mismo tiempo, está tocando elementos del proceso de paz, que fue el que abrió el boquete para que varias colectividades pidieran reconocimiento. Así como el Consejo Electoral las reconoció, hoy el Consejo de Estado las está tumbando.#Colombiaen5minutos Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia