La exasesora María Alejandra Benavides, involucrada en el escándalo de corrupción para saquear la UNGRD, llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el que se beneficiará de un principio de oportunidad que la librará de ir a la cárcel, a cambio de declarar contra otros salpicados como el exministro Ricardo Bonilla. Casos de colaboración como este no son inusuales en la entidad, que este año lleva a la fecha 7.792 principios legalizados ante jueces. Es decir, un promedio de 47 al día.El principio de oportunidad es una herramienta que tiene el ente acusador, manejado por Luz Adriana Camargo, para en ciertos casos terminar anticipadamente un proceso penal, con el compromiso de que la persona judicializada aporte información que lleve a desenredar su red criminal o repare el daño causado.EL TIEMPO tuvo acceso a información oficial de la Fiscalía, en la que se hace un recuento histórico de cómo ha venido comportándose la entrega de este beneficio por distintos delitos. La mayor conclusión es que, desde hace 10 años, ha sido utilizado considerablemente con un incremento del 323,5 por ciento. En 2015, cuando el fiscal general era Eduardo Montealegre -el actual ministro de Justicia-, se legalizaron ante jueces 1.840 principios, y el 2024 cerró con 15.865 legalizados y 180 que no fueron aprobados.Fiscal Luz Adriana Camargo. Foto:FiscalíaExpertos consultados hablaron de los logros, claves y dificultades que siguen existiendo pese a la cantidad de aprobaciones, pues señalan que si se tiene en cuenta que hay 3 millones de noticias criminales abiertas, la cifra no supera ni el 1 por ciento.El abogado Alejandro Sánchez empezó por calificar como positivo que el ente acusador haya venido agilizando el uso de estos mecanismos de terminación de procesos: “Siempre he sido defensor de que este tipo de alternativas se utilicen más. Son una oportunidad tanto para el procesado como para el Estado de tramitar el conflicto por otro camino”.El penalista Mauricio Pava indicó que “es una herramienta necesaria para concentrar esfuerzos en delitos de mayor impacto y mejorar la eficiencia del sistema judicial. Su mayor uso es positivo”.María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda. Foto:Ministerio de HaciendaMientras que Juan David Bazzani, abogado que fue coordinador del Grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada durante la administración del exfiscal Néstor Humberto Martínez, resaltó que teniendo en cuenta la cantidad de noticias criminales, que en este semestre se lleven 7.792 legalizaciones “es un número que llama a seguir trabajando en lo que está haciendo la fiscal Luz Adriana Camargo”.Precisamente, ella a la cabeza de la entidad ha venido implementando una serie de medidas para dinamizar esta herramienta. La más reciente fue la resolución que expidió en diciembre en la que le dejó a cada fiscal la potestad de otorgar principios, pues antes las aprobaciones se acumulaban más porque tenían que pasar por su despacho.”Eso me parece apropiado para dar celeridad a la figura y poder evaluar con mayor facilidad su procedencia, debido al contacto directo de cada fiscal con el caso correspondiente”, le explicó a este diario el exfiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago.Por su parte, según la Fiscalía la resolución “se traduce en mayor celeridad en la negociación de los principios de oportunidad y su consolidación ante el juez de control de garantías encargado de impartir legalidad a la negociación, lo cual ha repercutido favorablemente en la entidad, ya que los fiscales pueden ejercer de manera más efectiva el principio de autonomía en desarrollo de sus investigaciones”.Edificio del búnker de la Fiscalía General de la Nación. Foto:Jesús Blanquicet. EL TIEMPOEn el caso de la UNGRD, la que negoció con María Alejandra Benavides es la fiscal María Cristina Patiño. Ella también tiene a cargo lograr la legalización de esos mismos beneficios para los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes confesaron ser corruptos a cambio de una rebaja de pena. Una de las diferencias más importantes de ellos frente a la exasesora es que no tendrán una inmunidad total, ya que por otros delitos sí pagarán cárcel.Dejando a un lado ese escándalo de corrupción, otro proceso mediático en el que se entregó un principio de oportunidad es el de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El exdiputado está en juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y bajo la administración del exfiscal general Francisco Barbosa a Day Vásquez se le dio uno tras comprometerse a declarar contra el acusado.Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero/ El TiempoLa última décadaEl comportamiento de la aprobación y rechazo de los principios ha venido siempre en aumento desde los últimos 10 años. En 2015 hubo 1.840 aprobados y ninguno negado; tres años después -cuando el fiscal era Néstor Humberto Martínez- se presentó un importante incremento porque se llegó a 6.419 aceptados y a 64 que no alcanzaron a recibir el ‘sí’ de un juez.En general, desde 2015 al primer semestre de este año van 76.920 legalizados y 644 rechazados, siendo las causales 7 y 13 del Código Penal las más utilizadas a la hora de negociar. Ambas tienen que ver con que la persona judicializada acuerda con el fiscal reparar el daño causado para que así se le frene el proceso.Según Bazzani, “las dos son causales económicas: la 7 de justicia restaurativa con la que se acuerda pagar alguna cifra u ofrecer alguna otra reparación; y la 13 es una indemnización por daños a bienes colectivos, como una fábrica cuando arroja residuos al agua”.La Fiscalía también tiene agrupados los delitos por los cuales se han entregado más principios de oportunidad desde que el 22 de marzo llegó Luz Adriana Camargo. En total van 19.513, y el escalafón lo ocupan la violencia intrafamiliar con 14.835, la falsedad en documentos con 527, los delitos contra la administración pública con 479, y el hurto con 463. Un número importante también se lo lleva la corrupción administrativa, electoral y judicial.Las cifras corresponden a los últimos 10 años. Foto:CortesíaLos retosUno de los mayores desafíos que tiene la implementación de principios de oportunidad tiene que ver con la poca jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto. Así se lo dijeron a este diario una persona que integró la Sala Penal hace unos años y varios abogados litigantes. Uno de las razones está anclada a que pocas veces llegan a casación casos en los que se haya implementado este mecanismo.”Necesitamos jurisprudencia de la Sala Penal que le dé una adecuada interpretación, especialmente a la práctica del principio en casos complejos, como el ‘carrusel de la contratación’, el de la DNE o el ‘cartel de la Toga'”, le dijo a este diario el exfiscal y abogado Jesús Albeiro Yepes.Para Alejandro Sánchez si bien es cierto que hace falta más jurisprudencia, últimamente se ha venido dándole mayor despliegue al tema con fallos como el del magistrado Gerardo Barbosa, quien en una sentencia hizo énfasis en la necesidad que tiene la Fiscalía de tener en cuenta la credibilidad que le da a un acusado con intenciones de que le rebajen la pena, y en cómo se verifica lo que dijo. “Hay que pensar en estándares para corroborar la información que da un testigo, teniendo en cuenta que faltan parámetros claros”, dijo el penalista.El exfiscal Yepes también hizo referencia a que muchas veces se dificulta la aplicación de un principio, pues a su parecer “se ha vuelto un tema burocrático. Después de que un testigo declara por cuatro años, la Fiscalía le cambia las reglas. En los casos que manejan los fiscales locales, donde no hay un seguimiento público, eso funciona mejor. En los grandes procesos mediáticos, los abogados sufren mucho”.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: