El Consejo de Estado abrió un incidente de desacato contra el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, luego de concluir que el jefe de Estado no ha cumplido con la orden emitida en un fallo de tutela que lo obligaba a ofrecer disculpas públicas a los participantes de las marchas del 24 de noviembre de 2024.Presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros de este 31 de marzo. Foto:PresidenciaEn la sentencia del 6 de marzo de 2025 , la alta corporación tuteló el derecho fundamental a la protesta del ciudadano Josías Fiesco Agudelo y de quienes se manifestaron ese día, tras considerar que las declaraciones hechas por el presidente Petro, en las que calificó a los manifestantes como “victimarios” y como personas que “quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país”, vulneraron dicho derecho.En la decisión, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, le ordenó al jefe de Estado que en un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, ofrezca disculpas públicas por haber llamado ‘victimarios’, ‘los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país’, ‘los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas’, ‘los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o a su hermano de tierra’, a quienes participaron en las marchas del 24 de noviembre de 2024.”Asimismo, en el documento quedó estipulado que dichas disculpas debían publicarse en las cuentas oficiales de redes sociales de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y en la cuenta personal del mandatario en X (@petrogustavo).En los hechos, el 17 de marzo de 2025, el demandante presentó una solicitud de incidente de desacato argumentando que, para esa fecha, ninguna de las cuentas mencionadas había emitido el mensaje de disculpa ordenado por el fallo.incidente de desacato Foto:Archivo ParticularEn respuesta, el despacho sustanciador del Consejo de Estado ofició el 21 de marzo tanto al presidente Petro como al DAPRE, con el fin de que informaran si habían dado cumplimiento a la sentencia.No obstante, según lo registrado en el expediente, “dichas autoridades guardaron silencio”, lo que llevó a la Sección Quinta a considerar procedente la apertura del incidente de desacato.El Consejo de Estado entra a evaluar si el mandatario incurrió en una conducta omisiva frente a una orden judicial. En caso de confirmarse el desacato, podrían adoptarse medidas disciplinarias o incluso sancionatorias.Más noticias: