La fiscal general, Luz Adriana Camargo, seguirá en el cargo mientras avanza la recta final del proceso en el Consejo de Estado que busca tumbar su nombramiento por presuntas anomalías en su elección por parte de la Corte Suprema. Los alegatos de las demandas unificadas enumeran entre las atipicidades el asedio al Palacio de Justicia durante una de las rondas de votación, la renuncia de una de las ternadas minutos antes de la deliberación y hasta reparos a la paridad de género, al tratarse de la primera terna integrada solo por mujeres.En el último auto publicado por el despacho de la magistrada Gloria María Gómez, el alto tribunal rechazó por extemporánea la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que designó como cabeza del ente acusador. Así mismo, negó el decreto de testimonio de Amelia Pérez por considerarlo “innecesario” y requirió a la Presidencia de la República allegar las pruebas documentales, claves en la investigación, que fueron decretadas de oficio desde hace dos meses.Es la séptima solicitud que le elevan a Casa de Nariño para que remita el expediente administrativo que contiene, entre otros documentos, la renuncia de Amelia Pérez. “Esto es clave porque tanto la defensa como la Corte han sostenido que la renuncia debía presentarse ante el órgano nominador, es decir, la Presidencia. Y hay constancia de que ese documento existe. Según se ha dicho, la doctora Pérez, una vez salió del Palacio de Justicia, se dirigió a la Casa de Nariño y radicó allí su renuncia. Por eso ese documento resulta fundamental para el proceso”, le aseguró Ortiz a este diario.El proceso, que arrancó el 19 de abril del año pasado, entra así en una etapa de congelamiento, previo a su recta final, ya que de acuerdo con la parte demandante, una vez Presidencia remita las pruebas requeridas, se adelantarían los alegatos de conclusión y se esperaría tener el fallo semanas después.Los entes de control, que pueden pronunciarse o no, tampoco han allegado su concepto. El despacho de la magistrada Gloria María Gómez cuenta, hasta ahora, con las pruebas remitidas por la Corte Suprema, entre ellas las actas de las sesiones de votación y los derechos de petición presentados por periodistas y ciudadanos que indagaban sobre posibles conflictos de interés de los magistrados con la Fiscalía, con el fin de determinar eventuales impedimentos.También fueron entregadas las actuaciones de la Sala de Gobierno durante la asonada al Palacio de Justicia, el 8 de febrero de 2024. Ese día, un grupo de manifestantes irrumpió violentamente en las sedes de las altas cortes, ejerciendo presión en los magistrados que se encontraban en Sala Plena en una de las rondas de las votaciones para elegir fiscal de la terna remitida por el Presidente: Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. El presidente Gustavo Petro, a título personal, también remitió una respuesta sobre un supuesto impedimento para ternar porque su hijo, Nicolás Petro, y su hermano, Juan Fernando Petro, tenían procesos abiertos en Fiscalía.“El hecho de que el presidente de la República tenga familiares sujetos a la acción penal no implica, per se, la configuración de un conflicto de interés, por cuanto el Consejo de Estado precisó que: (i) el conflicto debe configurarse frente a una situación o actuación particular y concreta; (ii) debe ser actual y cierto, pues la sola eventualidad futura o el hecho de que dependa de otras circunstancias impide su estructuración; (iii) el conflicto debe ser de tal gravedad que pueda afectar el discernimiento o imparcialidad del funcionario al punto de separarlo del interés general y llevarlo al beneficio propio o de sus allegados”, se lee en el documento anexado al expediente.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia