Los senadores Carlos Fernando Motoa Solarte, Juan Samy Merheg Marun, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe no serán investigados por la Corte Suprema de Justicia, luego de su vinculación al escándalo de ‘las marionetas’.La Sala Especial de Instrucción, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, se inhibió de abrir instrucción contra los cuatro congresistas mencionados en la investigación de la Fiscalía por el entramado de contratación ilegal y desfalco de recursos, destinados a inflar su caudal electoral en las regiones donde se iban a ejecutar las obras.El exsenador Mario Castaño permaneció preso en La Picota. Foto:Archivo particularPor esta red fue condenado Mario Castaño, quien murió en prisión pagando una pena de 15 años y 11 meses tras ser hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.El exsenador era una de las cabezas más visibles del esquema delictivo en el que, según la Fiscalía, se torció la contratación pública para favorecer a particulares en los departamentos de Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá.El escándalo, como ocurrió con el más reciente saqueo a la UNGRD, se desplegó en distintas modalidades y extendió sus tentáculos por varios sectores, siempre con un mismo denominador, el enriquecimiento a costa del erario público.Entre estas vertientes se destaca la negociación ilegal con alcaldes para entregar contratos a cambio de una comisión del 10 % de su valor, así como aplicando esta misma fórmula a los contratos de prestación de servicios con entidades del Estado. La Fiscalía registró 3.535 llamadas telefónicas de los presuntos integrantes de esta red de corrupción, en las que se hablaba del amañamiento de la contratación pública y se mencionaba la participación de un grupo de congresistas, cada uno con su propio frente de operaciones para obtener beneficios ilícitos.La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:CortesíaEn el organigrama también se relacionaron a exfuncionarios como el subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre Eugenio García Jacquier; la funcionaria de esa entidad Tatiana vuelvas Ramos y el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, quien ahora es testigo de la Fiscalía.Así como a los contratistas Anderson González, Raúl Cardozo Ordóñez, Raúl Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Navas, Andrés Ospina Rosales y Alejandro Noreña Castro (que avanza en un proceso de colaboración). Varios de ellos fueron judicializados.La reacción de los congresistasEl senador Motoa celebró la decisión. “Ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso”, aseguró.También se refirió a uno de flancos corruptos del escándalo, que fue la “compra” de contenido periodístico para fines personales. “Siempre confié en mi juez natural, y hoy recibo esta noticia importante con una profunda reflexión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en nuestra sociedad. En un contexto en el que la información circula con rapidez y en ocasiones sin filtros, es fundamental reconocer y valorar a aquellos medios que luchan por mantener la verdad como su eje central”, añadió el congresista. #EstadosUnidos ordenó nuevo despliegue militar Foto:La decisión de no abrir investigación es susceptible de un recurso de reposición.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia