La Defensoría del Pueblo rechazó de manera contundente los recientes ataques ocurridos en Cali y Amalfi, Antioquia, que dejaron un saldo trágico de víctimas civiles y miembros de la Fuerza Pública. “Rechazamos absolutamente estos hechos que nuevamente, pues aparentemente, se presentan en contra de una base militar, pero en realidad todas las víctimas son víctimas civiles. Tenemos hasta el momento registradas seis personas muertas y alrededor de 60 personas heridas. Es en una zona urbana, en un barrio de clase media de Cali. Llamamos a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la ciudad a respetar la población civil, a respetar el derecho internacional humanitario y recordar que estos ataques, que pueden tener efectos como los que tuvieron estos en población civil, son un crimen de guerra por ser un ataque indiscriminado”, dijo.Atentado en Cali. Foto:EFESobre la situación en Amalfi, Antioquia, la defensora explicó que la información preliminar indica que un helicóptero de la Policía fue derribado mientras realizaba labores de sustitución forzada de cultivos ilícitos.“Este es un hecho que se dirigió contra un helicóptero en Amalfi. La información que tenemos es que estaba integrado por miembros de la Policía que estaban desarrollando actividades de sustitución de cultivos, pero esto muestra que los grupos armados ilegales están defendiendo economías ilícitas. El Ministerio de Defensa ha hablado de la presunta responsabilidad de las disidencias al mando de alias Calarcá, pero será la Fiscalía General de la Nación quien defina responsabilidades”, puntualizó.La defensora recordó que estos hechos estaban advertidos en la alerta temprana 01 de 2022, en la que se reporta la presencia de varios grupos armados ilegales en la zona, incluidas las disidencias de las Farc, lideradas por alias Mordisco y la estructura Jaime Martínez. “Hay una alerta vigente de hace tres años, en la que se establece y se configura este escenario de riesgo. No es el único grupo en la zona y será la justicia quien determine quiénes son los responsables”, explicó.En cuanto a la coordinación institucional, la funcionaria sostuvo que, aunque ha habido avances en la respuesta a las alertas tempranas, aún falta una acción integral del Estado. “Con el Ministerio de Defensa tenemos una buena coordinación para todos los temas relacionados con la implementación de las alertas. Creo que ha habido un fortalecimiento de la respuesta, pero no se puede quedar allí. Se requiere una acción integral que involucre al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, a las entidades territoriales y a las comunidades. No se trata solo de mandar fuerza pública, sino también de fortalecer el trabajo con las comunidades, las casas de justicia y la judicialización de los responsables”, afirmó.Atentado en Cali. Foto:EFELa defensora también se refirió a la coincidencia entre estos hechos y el inicio de conversaciones de paz con varios grupos armados en Doha, asegurando que la violencia no puede frenar los esfuerzos de negociación. “Los procesos de paz se hacen en guerra y se hacen con grupos armados que están en guerra y que afectan a la población civil. Lo ideal sería adelantar procesos en condiciones de tregua y suspensión de hostilidades, pero no podemos ponerlo como prerequisito porque de pronto nunca avanzaríamos hacia la paz. Esto no exime a los grupos de respetar el derecho internacional humanitario, pero al mismo tiempo debemos seguir buscando salidas negociadas”, señaló.Finalmente, la Defensoría anunció que acompañará a las familias de las víctimas y participará en las instancias de coordinación de la respuesta humanitaria. “La Unidad para las Víctimas tiene obligaciones frente a los auxilios funerarios y de asistencia humanitaria. Nosotros vamos a acompañar y asesorar a las familias, y estaremos presentes en los consejos de seguridad que se realicen en la región para garantizar la atención integral a las víctimas”, concluyó.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.com