“Realmente es extraño que plantee esta propuesta en este momento y que ponga en cabeza de la Corte Constitucional la responsabilidad de cambiar la política”. En esos términos se refirió la defensora del Pueblo, Iris Marín, a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de retomar la aspersión aérea con glifosato en zonas donde el Ejército se exponga a ataques o asonadas de la población civil.Esta puerta que entreabrió el jefe de Estado generó debate, primero, por el reversazo que representa frente a uno de sus mantras, la oposición a la fumigación aérea, debido a su impacto ambiental y al posible daño a la salud de las comunidades expuestas al químico. Pero también levantó cuestionamientos en términos jurídicos, por las herramientas con las que cuenta el Gobierno para volver a usar esta carta, que lleva más de una década suspendida en la lucha contra las drogas.Aspersión del glifosato. Foto:EFEEl anuncio, además, se enmarca en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump delibera la posible descertificación de Colombia, lo que se traduciría en la suspensión del flujo de recursos y en la inclusión del país en la lista negra de Estados que no hicieron lo suficiente para reducir los narcocultivos.”Ha habido un crecimiento de los cultivos de uso ilícito debido a muchos factores, entre ellos el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz en materia de sustitución de cultivos. Por tal razón, lo que hay que hacer es volver al plano original, que es todo el tema de sustitución, con un control territorial de la Fuerza Pública importante y con unos compromisos de los grupos, especialmente de aquellos que están en procesos de conversaciones”, agregó la Defensora.Precisamente, la realidad de los enclaves cocaleros es una gobernanza criminal que deriva en la instrumentalización de la población civil para bloquear el avance de la Fuerza Pública. Expertos han asegurado que, si bien se debe aplicar con mayor firmeza la ley del garrote, también debe haber una presencia estatal real que permita el tránsito de las comunidades hacia economías lícitas, un planteamiento que también respaldó Marín, reforzando el componente de la sustitución voluntaria.Alegando posibles daños a la salud, organizaciones le han pedido al Gobierno no volver a fumigar. Foto:Carlos Ortega / EL TIEMPO”El glifosato, en este momento, tiene efectos perjudiciales sobre la salud y, si bien su impacto puede ser alto en un primer momento, no es sostenible si no se acompaña de otras medidas. Asimismo, hay condiciones que es necesario cumplir antes de siquiera pensar en retomarlo”, agregó.Estas condiciones son las consignadas en la sentencia T-236 de 2017, que condicionó su uso únicamente si se delimitan claramente las zonas de aplicación, se certifica que sus efectos no sean perjudiciales para el ambiente y la salud, se establece la temporalidad del programa y se realiza una consulta previa en territorios de comunidades indígenas, afrocolombianas o campesinas.En el 2019, en un pronunciamiento clave, la Corte aclaró que el requisito que se consideraba insalvable –la existencia de estudios que demostraran la no afectación de la vida humana y animal y del ecosistema– no tenía esos alcances. “Esa evidencia científica no equivale a demostrar que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño”, dijo el alto tribunal. Y agregó que la decisión de volver a fumigar no depende de su permiso sino que es competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo adscrito al Ministerio de Justicia.#Colombiaen5minutos Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia