A escasos días de cumplirse el primer periodo de la conmoción interior en el Catatumbo, la región atraviesa una nueva ola de hostilidades. La población civil, una vez más, ha quedado en medio de los enfrentamientos legítimos entre el Ejército, el Eln y el ‘frente 33’, así como de los combates criminales entre ambos grupos ilegales, enfrascados en una nueva disputa por el control territorial tras el fortalecimiento de las disidencias.EL TIEMPO habló con la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien calificó como “precaria” la implementación del Gobierno de los decretos de conmoción interior y elevó su preocupación por las nuevas consecuencias humanitarias que se desaten en la zona ante la aún débil institucionalidad.Estamos próximos a cumplir el primer periodo del estado de conmoción interior y en Catatumbo las hostilidades no cesan. ¿Cuál es la situación hoy en la región?El lunes empezamos a recibir en el municipio de Ocaña, a lo largo del día, familias desplazadas: en total, 94 familias y 303 personas. Sin embargo, desde comienzos de abril se han presentado combates entre el ‘Frente 33’ de las disidencias de las Farc y el ELN, como parte del reacomodamiento que estos grupos armados vienen adelantando desde hace semanas. En el municipio de Ábrego, por ejemplo, se han registrado enfrentamientos desde la semana pasada, especialmente en el corregimiento de Capitán Largo. Allí hay personas heridas, capturadas y se han reportado posibles infracciones a la misión médica.Desplazados del Catatumbo tras la escalada de los enfrentamientos en enero pasado. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPODespués del desplazamiento de más de 60.000 personas, ¿había alcanzado la población a retornar a sus territorios?, ¿son los mismos que hoy están llegando desplazados -nuevamente- a Ocaña?No contamos con información precisa que permita contrastar cuántas personas se desplazaron en las primeras semanas, cuántas retornaron, cuántas se volvieron a desplazar, y si quienes están saliendo ahora son las mismas. Sin embargo, es presumible que sí, porque lo que estamos observando es que los retornos que se dieron no han sido acompañados, como lo exige un proceso de retorno digno, que garantice condiciones mínimas de seguridad. Y claramente, en este momento, el Catatumbo no ofrece condiciones sostenibles; la seguridad es muy frágil. Lo que ha ocurrido son más bien retornos voluntarios no acompañados, sin que se cumplan condiciones estrictas de seguridad ni de sostenibilidad para las familias. Han sido decisiones personales de quienes, ante la incomodidad de permanecer desplazados en albergues o en casas de familiares, optan por volver cuando perciben una leve mejoría en las condiciones de seguridad. Sin embargo, es previsible que los enfrentamientos continúen. Por un lado, porque la Fuerza Pública está actuando, y por otro, porque las disidencias del Frente 33, desde hace un par de semanas, están en una etapa de reacomodamiento y han empezado a retomar —o al menos disputar— el control territorial con el Eln.¿De qué forma se ha fortalecido el ‘Frente 33’ después de quedar tan reducidos tras los enfrentamientos con el Eln y la retoma de la Fuerza Pública?Sí, efectivamente, tras la masacre y las acciones del ELN en enero, las disidencias del Frente 33 quedaron totalmente reducidas. Hubo múltiples desmovilizaciones y muchos combatientes huyeron, pero en las últimas semanas hemos recibido información de que habrían enviado refuerzos desde el sur del país o desde otras zonas para fortalecerse. En varios comunicados, incluso desde enero y febrero, el Frente 33 había anunciado que tomaría acciones, y lo que estamos viendo ahora es su reingreso al territorio para disputar el terreno que perdieron frente al Eln.Se van a cumplir 90 días de la declaratoria del estado de conmoción interior, el primer periodo de la medida de excepción, ¿qué balance hacen de las acciones tomadas por el Gobierno para conjurar las causas de la emergencia humanitaria?Estamos haciendo ese balance en este momento. Lo que hemos observado en las últimas semanas es una implementación precaria de los decretos de conmoción interior y de las medidas adoptadas. En parte, esto se debe a que no se han ejecutado de forma efectiva y, en parte, a que muchas de ellas requieren condiciones de seguridad que actualmente no existen. Tenemos un informe que esperamos publicar la próxima semana. En él analizamos las medidas de conmoción según varias tipologías. Una de ellas son las medidas financieras, que contemplan el uso de recursos provenientes de regalías, del Sistema General de Participaciones y de nuevas fuentes tributarias para financiar la conmoción interior. Aquí hay un primer punto clave: si la Corte Constitucional tumba alguna de estas medidas, podría generar unas devoluciones, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de esos ingresos. Y lo otro es que, como esas fuentes aún no están activas, lo que hemos analizado es que probablemente el Gobierno esté recurriendo a otras fuentes para financiar las medidas mientras entran los nuevos recursos. Esto también representa un riesgo a mediano plazo.Entrega de ayuda humanitaria durante la primera semana de la crisis en la región. Foto:César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa¿Temen una escalada de las hostilidades en las dimensiones de la que provocó la declaratoria de la conmoción interior?Tenemos que reconocer, todas las autoridades públicas, que la situación en el Catatumbo no es estable. No se han logrado controlar las condiciones de seguridad que están generando estos graves riesgos humanitarios para la población. Ese es el diagnóstico real. Hemos escuchado declaraciones públicas —incluso del Presidente de la República— asegurando que ya comenzaron los retornos y que todo está mejorando. Nos encantaría que fuera así, pero la realidad en terreno demuestra lo contrario. Y es clave reconocerlo, porque solo a partir de ese reconocimiento podremos actuar de forma adecuada y proporcional a las circunstancias. Lo primero, entonces, es asumir la gravedad del momento: la situación persiste, sigue siendo crítica y, además, es evolutiva. Lo segundo es preparar toda la capacidad institucional vinculada a la Ley de Víctimas y al sistema de restitución de tierras, para atender no solo las victimizaciones ya ocurridas, sino también las que puedan presentarse por nuevos desplazamientos forzados, provocados por la continuidad de los combates entre grupos armados ilegales o entre estos y la Fuerza Pública. En ese contexto, es urgente actualizar los planes de contingencia y prevención en los municipios, y disponer operativos de atención que garanticen protección y acompañamiento a las comunidades que enfrentan esta difícil situación.¿Qué postura tienen frente a posibles bombardeos como operaciones legítimas de la Fuerza Pública en esta zona del país?El Derecho Internacional Humanitario permite el uso de la fuerza, y la Constitución también faculta a la Fuerza Pública para ello. Existen diferentes mecanismos y tipos de armamento que no están prohibidos y que pueden emplearse en el desarrollo de las hostilidades. Sin embargo, lo fundamental es que estas operaciones militares se adelanten extremando los controles para prevenir daños a la población civil. Es decir, que los ataques dirigidos a lugares donde se concentran grupos armados se ejecuten de manera controlada, garantizando que no se afecten bienes ni personas ajenas al conflicto.¿Qué llamado hace la Defensoría al Gobierno en el marco de las operaciones del Ejército para evitar consecuencias humanitarias?La acción de la Fuerza Pública en una zona con una estabilidad institucional tan frágil y con un control territorial apenas inicial, inevitablemente va a generar, por lo menos, temor en la población. Por eso, lo primero es pedirle a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que tomen todas las medidas y extremen todos los controles para impedir que las acciones militares afecten a la población civil. Es fundamental un respeto irrestricto del principio de distinción, lo que significa que las operaciones militares no pueden afectar a la población civil. También se debe garantizar el principio de proporcionalidad y el de precaución. De otro lado, a las entidades humanitarias del Gobierno Nacional y a otros agentes humanitarios, entre los cuales estamos nosotros, les corresponde extremar todas las medidas para poder recibir los desplazamientos previsibles por esta situación, brindar atención humanitaria y proveer albergues a las personas que puedan volver a desplazarse, como ya lo estamos observando. Esto, al ser previsible, hace aún más importante que todas las autoridades nos preparemos adecuadamente para esa atención humanitaria.’Iván Mordisco’ no ha sido abatido, confirma Mindefensa Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia