A un mes de proferirse la sentencia contra los siete exjefes del antiguo secretariado de las Farc por secuestro durante el conflicto armado, el programa de desminado del presidente Gustavo Petro, uno de los trabajos, obras y labores (TOAR) que se impondrá como proyecto de restauración, está desfinanciado.Durante la verificación del cumplimiento de las condiciones jurídicas y técnicas para emitir la sentencia y definir los proyectos restaurativos que deben cumplir los comparecientes de las Farc, los cinco magistrados de Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP mostraron una grave preocupación por el programa.Programa de desminado depende en un 80% de financiación internacional. Foto:EL TIEMPO.Claudia Pardo, asesora del Grupo para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, dijo: “llevamos la tercera solicitud de prórroga ante la Convención para que nos den un tiempo más para entregar el territorio libre de minas, pero la dinámica de conflicto hace que no hemos podido cumplir”.En el mea culpa del Gobierno, la vocera señaló que “necesita una reinversión, está desfinanciado y es uno de los retos que tenemos para implementar sanciones” pues el 80% de este programa depende de financiación internacional.Antiguo secretariado de las Farc. Foto:CESAR MELGAREJO.El magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, hizo un llamado al Gobierno para que asuma un compromiso y avance en esta reconfiguración para garantizar la implementación de esta línea de proyecto restaurativo priorizado en el proceso judicial en conversaciones con las víctimas.“Es la tercera vez que citamos al ministro de Defensa y siempre tienen una excusa. El conflicto sigue en el territorio, pero hay unas inquietudes que tiene esta magistratura. Buscamos que nos expresen las condiciones de seguridad en el territorio porque no podemos llevar un TOAR a revictimizar y menos llevar acción con daño”, dijo.JEP solicitó al presidente Petro reconfigurar con urgencia el Grupo de Acción contra Minas.En medio de la audiencia de verificación contra los siete exjefes del antiguo secretariado de las Farc, el magistrado Camilo Suárez señaló que está ‘desdibujado, sin recursos ni capacidad… pic.twitter.com/fUdGwlXm5S— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 31, 2025
Precisamente el programa de desminado humanitario es uno de los proyectos bandera que las víctimas y comparecientes acordaron durante los casi ocho años que lleva la JEP en funcionamiento.La diligencia es el paso previo a la primera sentencia con sanción propia que emitirá el tribunal. En ella, la Sección de Reconocimiento de Verdad verifica si los siete exintegrantes del antiguo Secretariado de las Farc han cumplido con los requisitos para recibir una sanción restaurativa: aportes suficientes a la verdad, reconocimiento de responsabilidad y compromisos concretos de reparación.Los reclamos de las víctimasCon tres sillas vacías de las siete dispuestas para los exjefes del antiguo secretariado de las FARC que debían comparecer ante las víctimas, comenzó la última audiencia de verificación antes de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emita su sentencia, prevista para dentro de 20 días.Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; Pablo Catatumbo, y Rodrigo Granda fueron los exintegrantes cuya presencia generaba expectativa entre las 80 víctimas que viajaron desde distintas regiones hasta el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá.María Argensola Bañol fue una de las víctimas que llegó desde Caquetá para subir al atril como una de las diez voces que hablarán en nombre de los secuestrados.“Me parece injusto que vengamos desde tan lejos. Mientras nosotras, las víctimas, hemos dado más, ellos no están dando lo suficiente”, reclamó.Joaquín Contreras y Gilma Cárdenas, oriundos de Yondó (Antioquia), cumplirán el próximo 17 de agosto 24 años buscando a su hijo Jhon Alexánder, quien fue secuestrado y desaparecido por el bloque Magdalena Medio de las extintas FARC en Barrancabermeja, sin que hasta hoy hayan recibido respuesta.“Siempre hemos recibido negativas. Nunca nos han dicho por qué lo secuestraron, dónde está o, al menos, dónde están sus restos para poder darle cristiana sepultura”, dijo Gilma, quien usa un bastón para caminar y llevó consigo una pintura de su hijo, retratado con ruana y sombrero.Joaquín, por su parte, enfatiza: “Nos tienen bregando para saber dónde está y son reacios a nuestras preguntas. Nunca hemos sabido la verdad, y estamos en ceros todavía. Esperamos que esta audiencia sirva para que nos digan la verdad”.Joaquín Contreras lleva 24 años esperando respuesta del paradero de su hijo. Foto:JEP.El magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, expresó su molestia por la ausencia de los comparecientes y reiteró la importancia de asistir de manera presencial. “Están sometidos a la jurisdicción y tienen una comparecencia forzosa, al igual que los miembros de la fuerza pública. No es solo una responsabilidad jurídica ni el cumplimiento de una orden judicial: es un compromiso ético, un compromiso moral”, puntualizó.Julián Gallo, Pastor Alape, Jaime Parra y Milton de Jesús Toncel (virtual), estuvieron en la audiencia. “Tengan la plena certeza que lo vamos a honrar. Nos compromentemos que firmamos en el tratado de paz en el sentido de dar verdad y compromenternos en el cumplimiento con la jep, también en restaurar en términos de no repetición”, dijo Gallo.“No tenemos otra opción de vida que seguir trabajando con la reconciliación del país y seguir buscando que algún día las víctimas nos perdonen”, dijo Alape.Conforme a la ley, los comparecientes que presentaron excusas médicas deberán entregar, a más tardar la próxima semana, un documento por escrito en el que reiteren su compromiso frente a la verdad sobre una práctica sistemática y generalizada: el secuestro, y el trato cruel, inhumano y degradante contra civiles y militares durante el conflicto armado en Colombia.Julián Gallo en su declaración ante la JEP. Foto:JEP.Desde su silla de ruedas, Campo Elías recuerda su pasado como soldado profesional. Fue secuestrado por el Frente 23 de las extintas FARC cuando estaba de vacaciones, visitando a sus padres en Cimitarra, Santander. Aunque sobrevivió al cautiverio, su vida cambió para siempre tras un año de reclusión forzada en la selva y un atentado que lo dejó parapléjico.“Yo estaba en servicio activo, pero había viajado a ver a mi familia. Fue en la finca de mis padres donde me secuestraron”, relata. No lo hicieron por dinero ni como prisionero de guerra. Su “delito”, dice, fue haberse negado a unirse a las filas guerrilleras. “En esa zona ellos nos preparaban para eso, pero a mí no me gustaba esa ideología y me fui para las Fuerzas Militares”, cuenta.Reclama que la verdad se diga completa. Que los antiguos jefes de las FARC no se limiten a reconocer secuestros en abstracto, sino que detallen los vejámenes, los tratos crueles y las torturas físicas y psicológicas que padecieron miles como él.“Esperamos que ellos tengan la capacidad de decir la verdad, de reconocer los hechos y de cumplir con el compromiso que firmaron con el país. Porque todavía sentimos que ellos están por encima, y nosotros, las víctimas, por debajo”.Exjefes de las extintas Farc en una audiencia en la JEP. Foto:EL TIEMPO.“Las órdenes que emitimos en la sentencia para que se cumplan y cuando no se hace vienen los desacatos. La sanción tendrá un componente de derechos y libertades y otro restaurativo”, dijo el magistrado Suárez.Además, se examina la viabilidad técnica, jurídica y financiera de los cuatro macroproyectos restaurativos propuestos como parte de la sanción, que incluyen búsqueda de desaparecidos, desminado, reparación simbólica y recuperación ambiental. Las entidades del Estado presentarán sus compromisos para que estos proyectos se puedan implementar.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: