El proceso penal contra el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria llegó a su recta final. Su abogado y la Fiscalía se jugaron las últimas cartas de cara al fallo que dictará la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, dentro de la investigación por supuestas irregularidades en obras de hace 20 años en la conocida Troncal de la Paz. El caso también fue objeto de revisión por parte de la Procuraduría, que ya sentó su punta de vista.Gaviria actualmente es precandidato a la Presidencia, y alcanzó a ser privado de su libertad por este escándalo en el que lo investigan por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, de los cuales se ha declarado inocente.Su contraparte, la Fiscalía, sí pidió que lo condenen. La fiscal Marlenne Orjuela ha cuestionado ante la Corte Suprema que el exmandatario de los antioqueños no hubiera vigilado el proceso contractual de la Troncal de la Paz, llevado a cabo el 22 diciembre de 2005. La obra tenía como fin pavimentar el tramo La Cruzada – Caucasia, por un valor de 41.663 millones de pesos, que contó con dos otrosíes por 3.995 millones y 16.334 millones.Aníbal Gaviria, precandidato presidencial Foto:EFESegún la Fiscalía, Gaviria no supervisó el pago de un anticipo al contratista del 29 % de la obra, equivalente a 10.300 millones de pesos. Al parecer, la Gobernación no podía hacer dicha transacción.No obstante, la Procuraduría no comparte la tesis de la Fiscalía. En la reciente audiencia de alegatos finales, la delegada Martha Luz Reyes, como representante del Ministerio Público le pidió a la Sala de Primera Instancia que Gaviria sea declarado inocente, aunque anotó que en el trámite de la Troncal hubo irregularidades. Por ejemplo, a la hora de modificar unilateralmente el “porcentaje del anticipo del 25 por ciento establecido en el pliego de condiciones, al 29 por ciento del valor del contrato, al momento de su suscripción. “Y dos, la firma del otro sí número dos, del 27 de diciembre de 2007, para ampliar el objeto de contrato con el diseño y construcción del puente sobre Río Nechí en el sitio Palizadas, que sirve para conectar la cabecera del municipio de El Bagre con la Troncal de La Paz”, dijo la procuradora Reyes, quien resaltó que de allí no podía concluirse que Gaviria fuera culpable de ello, ya que él delegó a una dependencia de su administración para ejecutarlo.Gobernación de Antioquia Foto:Archivo EL TIEMPOPara la Procuraduría, la responsabilidad no debe medirse por la supuesta omisión, sino en si conocía o no de las irregularidades contractuales. “A criterio de esta delegada, no obra en el expediente prueba alguna que indique inequívocamente, tal como exigen los requisitos para condenar, que el procesado haya omitido conscientemente sus deberes de vigilancia y control para permitir el desconocimiento en los requisitos legales esenciales del proceso contractual”, manifestó Reyes.De hecho, el ente de control afirmó que en su momento Aníbal Gaviria mejoró la la Secretaría de Infraestructura Física de la Integración y el Desarrollo de Antioquia, la cual tuvo a cargo suscribir el contrato para el tramo vial. Esto demostraría, según la tesis de la procuradora, que el exmandatario sí ejerció un seguimiento, “lo que da cuenta del cumplimiento de los deberes propios del cargo en cuanto al seguimiento del proceso contractual en el escenario de la delegación dispuesta, como se evidencia en la prueba testimonial recaudada en el proceso”.Aníbal Gaviria, precandidato presidencial en la inscripción de La Fuerza de las Regiones Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPOAl finalizar su intervención, la delegada explicó que varios testigos han sustentado en el caso que Gaviria no quiso favorecer a terceros ni sacar provechos personales con la contratación. Por eso, al momento de pedir la absolución, cerró con que se “encuentra probado que el procesado actuó dentro de los márgenes de una delegación funcional válida y legal, amparado en la confianza legítima respecto de los funcionarios a quienes se les encomendó dicha gestión. No se advierte que hubiera tenido conocimiento de falencias que luego se presentaron en el desarrollo contractual, ni intención alguna de defraudar los intereses económicos de la entidad”. Las posturas ahora pasarán a ser examinadas por los tres magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, quienes deberán emitir un fallo ya sea en sentido condenatorio o absolutorio.Carlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com