El Congreso peruano archiva la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el escándalo del ‘rolexgate’

A mediados de marzo de 2024, el podcast La Encerrona develó una primicia que remeció al Gobierno peruano. Tras analizar 10.000 fotografías de las cuentas oficiales del Ejecutivo identificaron que la presidenta Dina Boluarte había ostentado una decena relojes de alta gama en eventos protocolares. Joyas que no había declarado y que nunca antes había lucido. Ni siquiera en sus épocas como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.“Son de antaño y fruto de mi esfuerzo”, dijo inicialmente sobre por lo menos tres Rolex, aretes de oro y una pulsera de 94 brillantes. Pero rápidamente Boluarte se contradijo y entró en cura de silencio. No declaró a la prensa durante meses y su aprobación se desbarrancó hasta porcentajes por debajo del 5%. Lo que la presidenta llevaba en las muñecas se convirtió en un asunto de Estado.Uno de sus abogados, medio en broma, medio en serio, deslizó la posibilidad de que los Rolex podían ser regalos de un “fan enamorado”. En algún pasaje de este culebrón, la abogada señaló que sus joyas en realidad eran imitaciones. Y sobre los relojes sostuvo que habían sido un préstamo de Wilfredo Oscorima, el cuestionado gobernador regional de Ayacucho. “Mi único pecado ha sido querer representar bien al país”, adujo.El entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, formalizó una denuncia constitucional en contra de la mandataria por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Este viernes, un año después del escándalo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano la ha archivado con diez votos a favor, seis en contra y dos abstenciones al aprobar el informe de la parlamentaria de Fuerza Popular, Nilza Chacón, que declara la improcedencia de la acusación.Chacón sostiene que, en conformidad al artículo 117 de la Constitución, un jefe de Estado en funciones solo puede ser imputado en caso de traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso de manera inconstitucional o por obstaculizar el funcionamiento del Parlamento o de los organismos del sistema electoral. “En ese marco, el archivo de la denuncia es la única opción compatible con el orden constitucional y la legalidad vigente”, dijo.Para Ernesto Cabral, el reportero que destapó el Rolexgate, la decisión del Congreso supone una interpretación antojadiza del artículo 117, pues en el pasado los legisladores midieron con otra vara a Pedro Castillo. “Es un blindaje del pacto que gobierna el país entre el fujimorismo y el gobierno de Boluarte. No es que el Congreso haya evaluado las pruebas presentadas por la Fiscalía o si se tienen indicios razonables de que los Rolexs hayan sido sobornos. Se han limitado a decir que no se puede denunciar a un presidente por el delito de corrupción mientras esté en su mandato. Y esa es una interpretación antojadiza porque este mismo Congreso ha tenido criterios diferentes en casos anteriores”.En el 2023 el Congreso inhabilitó a la exfiscal Zoraida Ávalos por no investigar al expresidente Pedro Castillo. En tanto, sucedió todo lo contrario cuando su sucesora Patricia Benavides lo denunció. “Pudieron dejar la investigación en suspenso hasta que se acabara el mandato de Boluarte y de allí seguir el proceso. Pero no, han decidido mandarlo al archivo, cuando esta bastante claro cuáles fueron los regalls que dio el gobernador Oscorima y cuáles fueron los beneficios que recibió a cambio.. Es una frescura. La sensación de impunidad existe”, remarca Cabral, periodista de investigación de La Encerrona y autor de un libro que cuenta los entretelones del Rolexgate.Según la tesis fiscal, Dina Boluarte habría recibido los relojes exclusivos tras emitir una serie de decretos en favor del Gobierno Regional de Ayacucho. Alrededor de ocho peticiones para otorgar un presupuesto adicional fueron admitidas por el Ejecutivo mediante seis decretos supremos y dos decretos de urgencia. Finalmente, la parlamentaria Nilza Chacón ha señalado que el Congreso podría denunciar al exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por hacer un “uso político de sus atribuciones”.