El Gobierno incluirá los hogares que no pueden refrigerarse en verano para calcular la pobreza energética | Clima y Medio Ambiente

La pobreza energética afecta a aquellas familias que no pueden tener una adecuada temperatura en el hogar, normalmente por tener bajos ingresos y viviendas ineficientes, y no poder hacer frente a la factura eléctrica. Hasta ahora, se consideraban como vulnerables las viviendas que no podían mantener el calor en invierno. Pero el cambio climático y las olas de calor cada vez más intensas que propicia han llevado al Gobierno a plantear modificar los indicadores para medir también la pobreza energética estival. El borrador de la nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analizará cómo garantizar el consumo energético frente a las altas temperaturas y planteará que las ayudas al autoconsumo eléctrico y a la rehabilitación energética se otorguen a colectivos vulnerables.El documento del Ministerio para la Transición Ecológica, que el Ejecutivo pretende aprobar antes de fin de año, cuenta con un apartado centrado en el efecto del cambio climático en España, donde analiza que España presenta una elevada vulnerabilidad al efecto isla de calor, dado que cerca del 81% de la población reside en entornos urbanos. Y, por primera vez, define la pobreza energética estival, “que se refiere a la dificultad de mantener la temperatura interior adecuada durante los meses de calor, que está profundamente relacionada con la pobreza energética en sentido amplio”.La estrategia marca las líneas básicas para combatir este problema en los próximos cinco años. “Uno de los elementos de reflexión es la vulnerabilidad ante el calor […] Los consumidores vulnerables sufren esta situación incluso más que la ciudadanía en general, al no poder acceder a equipos de refrigeración o poder tener una mayor dificultad de hacer frente al coste energético asociado”, señala. Además, “influyen en la pobreza energética estival factores urbanísticos asociados al efecto isla de calor, la disponibilidad de espacios con temperaturas adecuadas o las implicaciones sociales y en la salud de las altas temperaturas”. Por eso, propone “abordar de forma integral el análisis de medidas de prevención y respuesta a la pobreza energética estival”, entre las que se incluyen analizar las medidas y herramientas para garantizar el consumo energético frente a las altas temperaturas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística tan solo pregunta a los ciudadanos si pueden mantener una buena temperatura en su casa en invierno, pero no en verano. Ahora se crearán indicadores específicos a partir de los cuales se podrá hacer un seguimiento, para saber si algunas familias están consumiendo menos energía en olas de calor o les cuesta más refrigerarse. El escrito también recoge “proteger a la ciudadanía frente a cortes energéticos durante olas de calor”, si bien la anterior estrategia ya contaba con una medida similar. Otra idea es fomentar la estructuración de una red de refugios climáticos puesta a disposición de la ciudadanía por parte de las diferentes administraciones, en línea con lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez en su anuncio de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Mientras, las medidas de rehabilitación energética hasta ahora estaban muy centradas en aislar las viviendas para evitar el frío, pero se pretende complementar con medidas similares referidas al calor. Más allá de estos aspectos, el documento propone que las futuras ayudas al autoconsumo fotovoltaico y a las comunidades energéticas, así como las de rehabilitación energética, se otorguen cuando favorezcan a colectivos vulnerables. En este sentido, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de Transición Ecológica, lanzó este verano una línea pionera de ayudas para comunidades energéticas de la que se han beneficiado algunos ayuntamientos, que han puesto placas solares y permiten a hogares vulnerables aprovecharse de la energía sobrante de las instalaciones municipales. Prohibición de llamadas de eléctricasEn cuanto a otras medidas, la estrategia incluye prohibir las llamadas comerciales no solicitadas en el ámbito de la energía, vistos los abusos de algunas comercializadoras y que suponen un freno para la ampliación del bono social. Precisamente ampliar los usuarios vulnerables que se acogen a esta tarifa es otro de los objetivos, si bien en los últimos cinco años ha pasado de 1,3 millones a 1,7 millones de personas. En este sentido, se quieren lanzar puntos móviles de asesoramiento energético para asesorar a los consumidores sobre qué tarifas eléctricas son las más razonables. El plan pretende desarrollar normativa sobre procedimientos y plazos de interrupción de suministro “que permitan la implantación del principio de precaución y la efectiva protección de los consumidores vulnerables”, así como a los electrodependientes. En este sentido, habla de “establecer los condicionantes de suspensión de suministro para evitar su ejecución cuando no exista asistencia disponible o en situaciones extraordinarias”, si bien no explican cómo se va a hacer. El informe también adelanta la creación de un Observatorio sobre pobreza energética dependiente de Transición Ecológica que elabore indicadores de forma periódica, y se pone como meta mejorar la coordinación entre diferentes administraciones en esta materia. Por último, menciona que se tratará de proteger al consumidor frente a importes imprevistos por refacturación.