En el centro penitenciario El Barne de Cómbita, Boyacá, se llevó a cabo una intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación contra actividades ilícitas que se desarrollaban al interior del establecimiento.La operación permitió el hallazgo de un sistema de comunicaciones utilizado para la práctica de extorsiones digitales, con el decomiso de 105 teléfonos celulares, tres módems y 53 tarjetas SIM.Entre los elementos decomisados también se encontraron 23 directorios con información de potenciales víctimas, así como un centenar de accesorios relacionados con los dispositivos móviles, entre cargadores y manos libres.Operativo en la cárcel de Cómbita. Foto:CortesíaA esto se sumaron 29 armas cortopunzantes, bienes que en conjunto alcanzan un valor estimado en más de 500 millones de pesos, según lo informado por las autoridades.De acuerdo con la investigación, los internos identificados como alias ‘El Negro’ y alias ‘Panda’ coordinaban desde el penal una organización criminal encargada de realizar llamadas de carácter intimidatorio. Las comunicaciones tenían como objetivo persuadir a los ciudadanos mediante la suplantación de reconocidos grupos armados ilegales, con el fin de obtener recursos económicos de manera sistemática.Momentos de los registros. Foto:CortesíaLos reportes de la Policía Nacional señalan que esta estructura afectó a más de 10.000 personas en diferentes regiones del país. Los ingresos derivados de estas actividades alcanzaban cifras superiores a 1.200 millones de pesos al mes, constituyéndose en una fuente de rentas criminales de gran magnitud que permanecía activa dentro del establecimiento carcelario.Durante el año 2025, las autoridades han mantenido un plan de intervención en centros de reclusión con el propósito de afectar las economías ilícitas que operan desde su interior. En ese marco se han ejecutado 46 operaciones, que han permitido el decomiso de más de 900 teléfonos celulares, cerca de 1.000 tarjetas SIM, 900 accesorios y 500 armas blancas. Estas cifras se presentan como parte de una estrategia de control frente al uso irregular de los medios tecnológicos en establecimientos penitenciarios.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: