En la tercera audiencia pública de socialización del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a través de su representante, Scott Campbell, hizo serios reparos sobre puntos como la inclusión de las víctimas, la flexibilidad de las sanciones y las segundas oportunidades para desertores de anteriores procesos de paz.La ONU, si bien ve positivo y necesario que se busque una salida jurídica para casos como la “judicialización penal indebida y desproporcionada de personas que participaron en las protestas de 2021”, advierte que incluirlos dentro de una iniciativa de ley enfocada en el sometimiento del crimen organizado puede resultar estigmatizante. El organismo multilateral subraya que no es equiparable la protesta con quienes han “cometido graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.Eduardo Montealegre, ministro de Justicia. Foto:José Castaño.En cuanto a las obligaciones del Estado frente a la garantía de derechos humanos, la ONU enumeró varios reparos sobre los que pidió máxima revisión. El primero, la inclusión de las víctimas en la construcción de la propuesta que discutirá el Congreso. El segundo, el alcance de las gabelas y beneficios jurídicos frente a graves violaciones de derechos humanos. El tercero, la articulación de una estrategia integral para el sometimiento —es decir, que no se trate de marcos jurídicos dispersos: JEP, Justicia y Paz, ley de sometimiento—. Y, finalmente, la necesidad de que todo esté alineado con los parámetros constitucionales.Sobre este último punto, la Defensoría del Pueblo —que conceptuó negativamente la propuesta ante el Consejo Superior de Política Criminal— señaló que la iniciativa era inviable, pues los desertores de antiguos procesos de paz quedarían excluidos de cualquier beneficio penal, lo que “vulneraría” la norma si entrara en vigor. LEA TAMBIÉN En lo relativo a la inclusión de las víctimas, Naciones Unidas pidió incorporar “disposiciones concretas que permitan presentar demandas individuales y colectivas para la satisfacción plena del derecho a la verdad en la investigación y el juzgamiento. Esto debe incluir la posibilidad de intervención en los escenarios de concesiones de libertades anticipadas y garantizar condiciones equitativas de participación para el ejercicio de sus derechos en los procedimientos previstos frente a los acuerdos con estructuras armadas responsables de crímenes de alto impacto”.En este punto, pidió —como el Ministerio asegura que se ha venido haciendo— poner a consideración de las víctimas el articulado en espacios regionales y nacionales que recojan sus voces, expectativas y propuestas sobre el proyecto de ley.Respecto a las sanciones, pidió un énfasis especial en los aportes de verdad como requisito indispensable para acceder a beneficios penales.“La rendición de cuentas de los perpetradores de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario es un pilar esencial de la transición pacífica y sostenible, y debe tener como eje irrefutable la centralidad de los derechos de las víctimas”, dijo Campbell ante el Congreso.Proyecto de sometimiento 2.0 radicado en Cámara Foto:ArchivoAgregó que, en casos de graves crímenes como desapariciones forzadas, homicidios de personas defensoras, violencia sexual, privaciones arbitrarias de la libertad o reclutamiento forzado, los Estados deben investigar y juzgar estas conductas, pero también impartir justicia con penas “adecuadas, efectivas y proporcionales a la gravedad de los hechos, sin que medien obstáculos al acceso a la justicia y la rendición de cuentas”.Y aunque no se trata de un modelo de justicia transicional, esta instancia recalcó la importancia de conservar los pilares de los acuerdos de paz: el compromiso con la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. “El fortalecimiento de las salvaguardas en este aspecto resulta esencial durante el proceso de discusión de esta iniciativa legislativa”, subrayó. LEA TAMBIÉN La ONU pidió, además, que paralelo al marco jurídico para el desmantelamiento se desarrollen otras medidas que correspondan a las obligaciones internacionales del Estado en materia de garantía de derechos humanos: educación, salud, oportunidades laborales y, en general, presencia institucional.“Estas medidas incluyen la inversión social, el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la afectación del patrimonio criminal y el robustecimiento de la estrategia de protección de civiles. Todo ello debe adelantarse en plena articulación con los esfuerzos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y en coherencia con las demás políticas estatales”, concluyó.Doloroso adió a Valeria Afanador. Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia