Durante la audiencia de alegatos de conclusión del juicio adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, la Fiscalía de la JEP hizo una contundente exposición sobre la responsabilidad individual del excomandante del Batallón La Popa por graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que rechazó que se trate de una acusación contra la institución militar.La audiencia de alegatos, que se desarrolla en Valledupar, inició a las 8:30 a.m. de este martes. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP deberá decidir si impone una pena de hasta 20 años de prisión ordinaria al general (r) Mejía, quien no reconoció responsabilidad alguna.“El juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado”, afirmó el fiscal Samuel Serrano, delegado de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), al iniciar su intervención.Según explicó, lo que se configuró bajo el mando de Mejía fue un “aparato organizado de poder ilegal”incrustado dentro de la estructura formal del Batallón La Popa. Desde allí, instrumentalizando los recursos y la logística institucional, se habrían cometido al menos 72 homicidios, 40 desapariciones forzadas y 4 casos de tortura.“Una falsa percepción de seguridad fue vendida a la población del Cesar para consolidar la imagen del coronel como el mejor oficial del Ejército Nacional”, sostuvo Serrano. Y subrayó que el aparato funcionaba con una lógica criminal: “Una unidad militar con más derrotas que éxitos, cuyo propósito pasó a ser posicionarse como uno de los más exitosos del país”.La Fiscalía señaló que los crímenes ocurrieron en medio de una alianza de mutuo beneficio entre el batallón y el grupo paramilitar Frente Mártires del Cesar, cuyos integrantes entregaban víctimas al Ejército para ser presentadas como “bajas en combate”, en operativos coordinados con fecha, hora y logística pactadas.“Los recogían y los hacían pasar como bajas en combate. Se trató de una colaboración criminal: mientras los paramilitares expandían su control territorial, el batallón mostraba resultados para simular una recuperación de la seguridad”, denunció el fiscal.Serrano reiteró que se trata de un caso de autoría mediata, donde quien emite la orden —expresa o tácita— tiene poder de mando y control sobre una estructura desvinculada del derecho, cuyos ejecutores son intercambiables y cumplen instrucciones sin cuestionarlas.El fiscal advirtió que confundir esta estructura criminal con el Ejército Nacional es un error grave. “De ninguna manera puede confundirse el actuar de una institución con la conducta de quienes mancillaron su buen nombre”, dijo.