Carlos Ramón González, uno de los exfuncionarios más cercanos al alto Gobierno, fue enviado este jueves a prisión por decisión del Tribunal Superior de Bogotá. El juez, Leonel Rogeles Moreno, al resolver la solicitud de la Fiscalía, aseguró que existen pruebas claras de que González, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ordenó sobornos para comprar respaldo político en el Congreso, utilizando recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).”Para proteger a la comunidad del actual criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponerle medida restrictiva de la libertad debido a que se le reprocha su probable vinculación a la organización criminal”, señaló el juez en la lectura del auto, mientras le dictaba la medida de aseguramiento.El exjefe del Dapre enfrenta cargos por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, los cuales no aceptó.Durante la lectura de la decisión, el juez fue enfático al señalar que los elementos probatorios indican que González Merchán fue quien se acercó a los congresistas para conseguir, mediante sobornos, apoyo a proyectos clave del Gobierno.“Existen elementos probatorios que indican que González Merchán fue la persona que acudió a ellos —los congresistas— en su calidad de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para lograr mediante sobornos el pago ilegal a los presidentes de Cámara y Senado por los proyectos presentados por el Gobierno nacional, y que además dio instrucciones a Olmedo López para pagar esas coimas con fondos públicos de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres”, sostuvo el juez en su decisión.Justamente el pasado 21 de mayo, la Fiscalía imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros. Según el fiscal Gabriel Sandoval, González ordenó repartir 70.000 millones de pesos en contratos de la UNGRD para beneficiar presuntamente a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.La hipótesis de la Fiscalía indica que en 2023, González, desde su despacho en el Dapre, dio instrucciones a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, para entregar 60.000 millones de pesos en contratos a Name y 10.000 millones a Calle, a cambio de respaldo a proyectos clave del Gobierno en el Congreso.Entregas en efectivo y reuniones reservadas: las pruebas de la FiscalíaDe acuerdo con la investigación, para concretar estos recursos se realizaron encuentros reservados. Uno de ellos fue el desayuno del 25 de septiembre en la habitación 2312 de Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones. Allí, Iván Name habría acordado recibir parte del dinero.Ese mismo día, en las instalaciones de la UNGRD, López se reunió con Andrés Calle para pactar la entrega de 1.000 millones en efectivo. Según la Fiscalía, estos pagos provenían de contratos como el de los 40 carrotanques destinados a La Guajira, por más de 46.800 millones de pesos.