Los tres años de mandato del presidente Gustavo Petro han dejado un panorama desolador y complejo en materia de orden público. La estrategia de seguridad del Gobierno, basada en el enfoque de seguridad humana, ‘paz total’ y la depuración de las fuerzas, no logró frenar el fortalecimiento de grupos armados ilegales ni contener la expansión de las economías criminales en distintas regiones del país.Si bien durante este gobierno se impulsó un mejoramiento en el tema de bienestar para la Fuerza Pública y se anunció ajuste de los protocolos de relacionamiento con las comunidades, se descuidó la iniciativa militar y policial contra los grupos armados. Expertos señalan que el Gobierno redujo las capacidades de inteligencia y permitió la politización interna de las fuerzas.Guerrilleros perpetraron un oleada terrorista en el suroccidente. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTEGerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que la falta de comunicación más asertiva del presidente Petro con los mandos de las Fuerzas Militares y de Policía “ha imposibilitado” una conducción más estratégica del orden público”.El vínculo entre la política de ‘paz total’ y el deterioro de la seguridad es otro de los puntos de debate. Arias afirmó que el mandatario apostó por ceses del fuego que no prosperaron y que la creación de Zonas de Ubicación Temporal para el Frente 33, en Norte de Santander, podría seguir el mismo camino si no se fortalece la iniciativa militar y policial. Por otro lado, aunque se mantuvo la tendencia de incautación de cocaína (en 2018, 413 toneladas, frente a las 848 de 2024), grupos armados como el ‘clan del Golfo’, por ejemplo, duplicaron su número de hombres (en 2018 había cerca de 3.500 y ahora en lo que va de 2025 se habla de unos 7.000 integrantes), sumado al poder acumulado por las disidencias en regiones como Cauca y Catatumbo. LEA TAMBIÉN En estos últimos años, las zonas de disputa entre esos grupos pasaron de 8 a 14 desde 2022, mientras también aumentaba el desplazamiento masivo, el confinamiento, el reclutamiento forzado y los homicidios de líderes sociales. Luis Fernando Trejo, investigador de la Universidad del Norte, señaló que basta con revisar indicadores como el crecimiento de los grupos armados no solo en hombres, sino también en cuanto a control y presencia territorial y resaltó que el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió en su momento que el 2025 sería un año crítico por las afectaciones humanitarias derivadas de la confrontación armada, teniendo en cuenta que los actores más violentos no están en mesas de negociación con el Gobierno.Ataques a oleoductos aumentaron 600 % en el primer semestre de 2025 Foto:CortesíaDesde una perspectiva académica, Jorge Iván Cuervo, profesor de la Universidad Externado, indicó que la evolución de indicadores como homicidios, muertes de líderes sociales e integrantes de la Fuerza Pública es clave para entender el deterioro de la seguridad tanto rural como urbana y aseguró que las gobernanzas criminales se han consolidado en regiones como el Catatumbo, Cauca, Nariño y el Putumayo; mientras que fenómenos como extorsión y microtráfico afectan ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. LEA TAMBIÉN Otro de los planteamientos que generan ruido relacionado con la seguridad es el plan del gobierno para atraer a los capos de las bandas criminales a su proceso de ‘paz total’, toda vez que lo que está planteando es que, sin importar el crimen, los máximos responsables de esas organizaciones tendrían una pena máxima entre cinco y ocho años, las mismas que se aplicaron en el pasado a los ‘paras’. En esa línea, Fernando Rojas, analista político, indicó que la percepción de inseguridad ha aumentado por la sensación de impunidad en la que estos actores armados al margen de la ley “harán lo que quieran y no les va a pasar nada” y destacó que la ausencia de condenas claras o la adopción de posturas ambiguas “ha alimentado la idea de que el deterioro de la seguridad es aún mayor”.Los otros retosEn el último año de gobierno, los analistas coinciden en que el Ejecutivo enfrenta el reto de combinar una estrategia de seguridad efectiva con los esfuerzos de diálogo. La apuesta por la ‘paz total’ no ha venido acompañada de una política robusta de seguridad territorial, lo que generó incentivos para que los grupos armados incrementaran su poder como condición para negociar.Presidentes de las cortes. Foto:Corte Suprema.Según lo que dice Gerson Arias, “si no mejora su iniciativa con las fuerzas, los escenarios de negociación tendrán un único resultado: el fortalecimiento de los grupos armados y el control de estos sobre las comunidades”.Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que uno de los retos es la adaptación de las Fuerzas a nuevas amenazas fronterizas con Venezuela y Ecuador. “Hay otro desafío y es que la Fuerza Pública pueda llegar a zonas donde las organizaciones armadas tienen un fuerte control territorial; se requiere, por ejemplo, la construcción de helipuertos para que los soldados puedan hacer presencia”.La justicia reafirmó su independenciaDurante los últimos tres años, las altas cortes han reiterado el principio democrático de separación de poderes. Desde sus despachos, las decisiones judiciales han servido como un contrapeso frente a los actos del Ejecutivo, en medio de un contexto político marcado por el activismo del presidente Gustavo Petro. LEA TAMBIÉN En 2025, el Consejo de Estado ha emitido fallos claves: suspendió el decreto de la consulta popular, prohibió transmitir consejos de ministros por canales privados y ordenó retractaciones al mandatario. También ha fallado a favor del Gobierno, como en el caso de la bandera del M-19.La relación entre poderes volvió a tensarse con un decreto del Ministerio de Justicia que quitó al Consejo de Estado la competencia para conocer tutelas contra el presidente, asignándosela a jueces de circuito. Mientras tanto, la justicia penal ha avanzado en el escándalo de corrupción en la UNGRD, con capturas de altos exfuncionarios como Olmedo López y Sandra Ortiz. Otros, como César Manrique y Carlos Ramón González (alfiles del presidente Petro), se encuentran prófugos. Asimismo, la Corte Constitucional analiza la legalidad de la reforma pensional, y la Corte Suprema ha hecho llamados a respetar la independencia judicial. En conjunto, las cortes han asumido una postura firme, defendiendo el equilibrio institucional.Redacción Justicia