La Junta de Andalucía clausura una residencia privada de mayores en Málaga por poner en riesgo “la vida” de sus residentes | Sociedad

Suelos hundidos, barandillas rotas, colchones con orina y estancias con excrementos. Es la situación que se han encontrado los propietarios de una vivienda que habían alquilado para su uso como residencia privada de mayores después de que la Junta de Andalucía decretase su cierre. La administración la ha clausurado porque el espacio carecía de licencia de apertura a pesar de llevar funcionando desde hace una década, por no contar con las condiciones de habitabilidad e incumplir las normas higiénico-sanitarias, también por desperfectos en la estructura. Las personas usuarias del negocio, ubicado en el barrio de Cerrado de Calderón, uno de los más exclusivos de la ciudad de Málaga, han sido trasladadas por sus familias a otros centros con el asesoramiento de la administración andaluza.La clausura se produjo hace casi un mes después de varios informes realizados por un equipo de Servicios Sociales de la consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Málaga. Habían visitado la residencia —privada y sin plazas concertadas— y decretaron que en ella no se cuidaba bien de las personas, ni en cuestiones de higiene ni en cuidados sociosanitarios en apartados como dependencias, equipos, menaje, utensilios o vestuario, según ha adelantado EFE. Patricia Navarro, delegada de la administración andaluza en Málaga, ha explicado este jueves que el cierre se ha decidido tras “varios informes y varias inspecciones” y “no ha sido por el servicio que se presta”, sino porque “no se estaban cumpliendo parte de estos requisitos en cuanto a la normativa arquitectónica”. La situación “podía poner en riesgo la seguridad e incluso la vida de los usuarios”, ha subrayado Navarro, que ha explicado que la Junta tiene que velar por la seguridad de los mayores “aunque no sea una residencia pública o concertada”. Eso sí, no ha explicado cómo podía llevar diez años funcionando sin licencia.María Salud Sotorrio Baena, posa en el jardín de su vivienda recuperada, junto a una silla de ruedas y otros enseres.Jorge Zapata (EFE)Fuentes autonómicas han subrayado que la delegación de Inclusión Social “ha ayudado, informado, orientado y asesorado en todo lo posible a la familias para la distribución de los residentes” aunque desde la administración autonómica aseguran no tienen competencia sobre ello al ser una instalación de carácter privado.Deuda con los propietariosLa residencia fue puesta en marcha hace una década en una amplia casa con diez habitaciones que sus responsables alquilaron a una familia de la zona. “La atención personalizada es un pilar fundamental de su filosofía, asegurando que las necesidades individuales de salud, nutrición y bienestar emocional sean atendidas con el máximo cuidado”, se puede leer aún en su web. En las reseñas de Google, eso sí, una de las familias ya advertía de que había “bastante descontrol” con los pacientes y que la limpieza “brilla por su ausencia”. “Mi abuelo no estaba bien atendido ni aseado”, añadía el texto.Lo que no se esperaban los propietarios es que con el paso del tiempo sus inquilinas dejarían de pagar. Según su abogado, Andrés Peréz, la deuda superaba ya los 84.000 euros. Por ello, como cada mes iba a más, sus representadas advirtieron a las arrendatarias que necesitaban vender la finca. Sin embargo, “ellas exigieron dinero para irse” y amenazaron con destrozar la vivienda, según el letrado. Finalmente, tuvieron que abandonarla debido al cierre decretado por la Junta de Andalucía.Gracias a un detective privado, los arrendadores conocieron entonces, según ha explicado el letrado, que los enseres del interior estaban siendo trasladados hasta otro inmueble en Torremolinos donde, supuestamente, las responsables de la residencia quieren abrir otro centro. En marzo, la familia encontró el portón abierto de la finca y pudo entrar. “El espectáculo con el que nos encontramos fue lamentable, sencillamente horrible. Presentaba un estado de desolación y totalmente incompatible con un uso normal de la misma”, subraya la denuncia puesta por la propiedad. El escenario incluía paredes llenas de humedades, electrodomésticos destrozados, excrementos en varias estancias, suelos hundidos, solería levantada, barandillas rotas, cerraduras golpeadas o colchones llenos de orín.