La sala de la JEP, en el salón de un hotel en el centro de Valledupar, estaba casi llena. Una fila de víctimas con rostro grave, funcionarios atentos y una defensa lista para disputar cada afirmación. En el banquillo de los acusados, el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, vestido con saco gris y camisa clara, escuchaba sin moverse mientras el fiscal Samuel Serrano desgranaba una por una las piezas del entramado que, según la acusación, permitió que un aparato ilegal de poder operara desde el Batallón La Popa, en el Cesar.“No se acusó al Ejército. No se acusó al Batallón La Popa como institución. Esta acusación se dirigió contra una persona que instrumentalizó los recursos del Estado para cometer crímenes atroces”, comenzó Serrano. Recordó que no se trataba de juzgar a los más de 2.000 hombres y mujeres que prestaban servicio en ese batallón, sino a quienes se aliaron con los paramilitares del Frente Mártires del Cesar para hacer pasar asesinatos como triunfos militares.Audiencia de alegatos de conclusión del coronel Mejía. Foto:JEP.A diferencia de los 12 exmilitares del Batallón La Popa, autores confesos de 135 ‘falsos positivos’ y sobre quienes la JEP alista una sentencia con medidas restaurativas que cumplirán durante los próximos años para resarcir el daño, el coronel retirado Mejía enfrenta un juicio adversarial, y en máximo 60 días hábiles se conocerá la sanción, que incluye hasta 20 años de prisión. A la par, el tribunal para la paz también se apresta a emitir su primera sentencia contra los seis exjefes del antiguo Secretariado de las Farc.Víctimas de ‘falsos positivos’ de la JEP. Foto:Juan Diego Torres.“Era una unidad con más derrotas que éxitos, pero con una misión: hacer parecer que la seguridad se estaba recuperando en el Cesar”, dijo el fiscal, y acusó al coronel Mejía de que, desde allí, instrumentalizando los recursos y la logística institucional, se habrían cometido al menos 72 homicidios, 40 desapariciones forzadas y 4 casos de tortura.A través de reconocimientos, dádivas y ascensos, se incentivaba a los subalternos a “presentar resultados”, incluso si eso implicaba recoger civiles, asesinarlos y reportarlos como guerrilleros muertos en combate.Dayris Johana Álvarez viajó dos horas desde Becerril, al sur del Cesar, hasta la audiencia en Valledupar. Su padre, Aquilino Alfonso, fue presentado el 17 de octubre de 2003 como un guerrillero dado de baja en combate, cuando en realidad se dedicaba a los oficios del campo.“En la morgue ya lo iban a enterrar como N. N.; ya estaba listo el procedimiento, pero una prima que trabajaba en el hospital nos alertó que el cuerpo estaba allá. Es increíble que lo llevaron con un uniforme y las botas totalmente nuevas”, dijo Dayris.Magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Foto:JEP.El patrón de los ‘falsos positivos’El fiscal nombró al mayor (r) Mauricio José Zabala Cardona, quien llegó al batallón con experiencia en operaciones. La primera vez que su pelotón salió, obtuvo una “felicitación directa” del entonces coronel Mejía.Pero esa felicitación vino acompañada de algo más turbio, pues Zabala tuvo que sentarse con sus tenientes a reconstruir la historia de lo que supuestamente había ocurrido en el terreno. “Me tocaba organizar lo que me contara el teniente… eso pasó”, dijo en una de sus declaraciones. El relato dibuja una práctica en la que los informes se armaban a posteriori para dar una apariencia legal a operativos que, en muchos casos, no tenían sustento documental.Durante el primer día de alegatos de conclusión, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, escuchó también sobre el papel de la sección de inteligencia. José Pastor Ruiz Mahecha, jefe de esa área, negó conocer a alias 39, pero el fiscal demostró que habían servido juntos en tres unidades.También se mencionó a Efraín Andrade Perea, señalado de dar apariencia de legalidad a las operaciones, y al sargento Manuel Valentín Padilla, alias Hugo, quien fue calificado como “el estafeta de los paramilitares”.Coronel (r) Publio Hernán Mejía. Foto:JEP.La acusación describe una alianza de mutuo beneficio entre el batallón y las autodefensas: los militares obtenían resultados, mientras los paramilitares podían seguir expandiendo su control territorial sin ser tocados. “A las autodefensas no había que atacarlas, sí al Eln”, dijo uno de los testigos citados por el fiscal. Esa fue, según el expediente, una línea que se mantuvo firme durante el mando del coronel.Una de las 72 víctimas es Jhon Jairo Salas Galván, joven barranquillero desaparecido en marzo de 2003 y reportado como “muerto en combate” tres días después en Valledupar. O Luis Carlos Castellanos Gómez, capturado ilegalmente y asesinado en la vereda Los Corazones, presentado por el batallón como guerrillero. O Fredy Manuel Ospino Martínez, asesinado en el barrio Primero de Mayo y reportado como baja de la ‘Operación Reconquista’.Los abogados del Cajar y del Colectivo de Solidaridad recordaron que estas víctimas “no solo fueron asesinadas, sino que luego fueron difamadas públicamente”. El abogado Sebastián Escobar dijo ante los magistrados: “El Estado no solo les arrebató lo más valioso, sino que después les negó la verdad. Este juicio debe ser una forma de reparación”.Magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Foto:JEP.En la tarde, el turno fue para el abogado Germán Navarrete, defensa del coronel Mejía, quien desmarcó al militar retirado de la acusación del fiscal.“No encuentra esta defensa, señoría, elementos probatorios suficientes capaces de destruir la presunción de inocencia del coronel Mejía. Tampoco los encuentra para demostrar que él creó un aparato organizado de poder ilegal dentro del Ejército”, dijo.Luego, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo le preguntó al coronel Mejía sobre si acepta o rechaza los hechos que le acusó la Unidad de Investigación y Acusación.“Honorables magistrados, gracias por las garantías y por la forma en que adelantaron este juicio. Distinguida audiencia, víctimas, no soy su victimario. Hubiera sido fácil decir: ya pagué ocho años, acepto. Pero entre hacer lo que me conviene y hacer lo correcto hay una diferencia muy grande.En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo en la audiencia.Coronel (r) Publio Hernán Mejía y el abogado Germán Navarrete. Foto:JEP.Durante la audiencia, el procurador delegado ante la JEP, Fernando Antonio Burgos, intervino para resaltar las garantías procesales otorgadas en el juicio: “El Ministerio Público expresa que en este proceso se han brindado plenamente todas las garantías: la plenitud de las formas del juicio, la presunción de inocencia, el derecho a la contradicción y la doble instancia. La Procuraduría tiene absoluta confianza en que esta magistratura hará justicia”.En total, la audiencia acumuló 82 testimonios de la Fiscalía, 29 de la defensa y 4 de las víctimas. Se practicaron 51 de ellos y se revisaron más de mil documentos. La JEP, por ley, tiene hasta 60 días hábiles para decidir si condena o absuelve al coronel Mejía por los ‘falsos positivos’ en Cesar.Juan Diego TorresEnviado especial a ValleduparDielas@eltiempo.com