Pablo Joaquín Gómez Orozco tenía 17 años cuando quiso salir a buscar trabajo por la temporada vacacional de Semana Santa de 2023, en Tepic, Nayarit. Su madre, Alejandrina Orozco, dice que se arrepiente de haberlo ayudado a llenar esas formas de trabajo una noche antes de que este estudiante de preparatoria saliera de su casa para no volver más. Dos años después, cuando Alejandrina vio con terror y consternación, aquellas imágenes en la tele sobre un rancho usado por el narco en Jalisco para reclutar y adiestrar a jóvenes, descubrió algo que la horrorizó. Entre los zapatos y prendas de ropa apiladas en montículos desordenados alcanzó a distinguir los tenis azules de su hijo. Los tenis que llevaba la última vez que lo vio.Pablo era un estudiante entusiasta, amante de la programación. Además de cursar la preparatoria, tomaba cursos los fines de semana sobre liderazgo y superación personal. Quería trabajar en sus días libres para llevar algo extra a casa. Las primeras noticias después de varios días de no saber nada de él, cuando su madre decidió esperar —como le obligaron a hacer en la Fiscalía local— las 72 horas para reportar su desaparición, las recibió cuando salió a la calle a pegar fotografías de su hijo que ella misma imprimió. Un joven se le acercó y le dijo que a su hijo se lo habían llevado “reclutado” a Jalisco, específicamente a un rancho en Tala —un municipio ubicado a unos 50 kilómetros de Guadalajara.Unos siete días después de su desaparición, Alejandrina recibió un mensaje de Pablo desde una cuenta de Facebook en el que le dio un número telefónico para que le llamara y le dijo que se encontraba en Zacatecas. En esa conversación intermitente, Pablo le dijo que tenía miedo y que estaba en un lugar encerrado donde era custodiado por varios hombres: un comandante, un intermediario y uno que los cuidaba todo el tiempo: “Ma, ayúdame, el Cartel Jalisco es el que me tiene aquí”, le dijo.El caso de Pablo es similar al de otros cientos de miles de jóvenes en todo México, que buscan oportunidades de superación para poder ayudar a sus familias y se convierten, en muchos casos, en presas fáciles de falsas ofertas de trabajo que terminan convirtiéndose en trampas para el reclutamiento a grupos delincuenciales.Pablo salió de casa cerca de las 10.30 de la mañana un 30 de marzo de 2023, con sus solicitudes de empleo en mano. Salió a su ciudad natal, Tepic, un lugar que él conocía y recorría cotidianamente para ir a su preparatoria o para asistir a los cursos de fin de semana. En ningún escenario, ni él ni su familia, habían siquiera contemplado que salir a buscar trabajo en su lugar de origen, podría significar un peligro. Su celular llevaba semanas sin funcionar, así que se comunicaba a través del teléfono de su mamá. Por eso, cuando esa tarde no llegó a comer ni a cenar, Alejandrina supo que algo malo le había sucedido.Pasaron varias semanas para que esta madre buscadora tuviera más claridad y orientación sobre los pasos que debía de seguir para que el caso de Pablo fuera atendido, pero no ha sido fácil. No volvió a tener comunicación con su hijo, y logró reunir información ella sola —como hacen todas las madres buscadoras en el país— para ir rastreando los pasos de su hijo, que recorrieron al menos otros tres estados del norte de México.El pasado 8 de abril, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que muchos jóvenes que trabajan para los cárteles de la droga en México están ahí por voluntad o por una “aspiración” de pertenecer a una de estas agrupaciones. “Es doloroso [las declaraciones de Harfuch] porque si mi hijo o los jóvenes como él estuvieran por voluntad, no llamarían pidiendo ayuda”, dice la madre buscadora.Alejandrina, fue una de las asistentes a la reunión del pasado lunes con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y con otros representantes del Gobierno Federal. Para ella, es una señal de esperanza que la acerca más a saber dónde está su hijo. Sin embargo, aunque se empeña en decir que es una oportunidad y que se siente agradecida de ser escuchada por primera vez por el Gobierno, también insiste en que lo que resulte de esas conversaciones será al final lo verdaderamente importante.Manifestantes en una velada por las víctimas de Teuchitlán.Roberto Antillón.Cuatro fiscalías: ningún resultadoDespués de recibir noticias de Pablo, Alejandrina pidió ayuda en la fiscalía de Nayarit, solicitó que la ubicación del teléfono al que llamó a su hijo fuera rastreado y que se pidiera colaboración con la fiscalía de Zacatecas. Pero nadie la tomó en serio. Hasta que, después de mucho trabajo, logró que se rastreara la ubicación. Esa huella terminó en Zacatecas —a unos 500 kilómetros de distancia de Tepic—, pero antes pasó por Jalisco y por Aguascalientes.Cuatro fiscalías. Ninguna ha podido ayudar. Ni siquiera ha logrado tener acceso a los tenis que podrían pertenecer a su hijo. Ella quiere que sea la Fiscalía General de la República (FGR) —que también le ha negado hasta ahora hacerse cargo de su carpeta— la que atraiga el caso, ante la negativa y los innumerables obstáculos que le han dado en Jalisco o en Nayarit, por ejemplo, cuya puerta se le cerró de golpe justo después de dar una entrevista al sitio de noticias de la periodista Carmen Aristegui. “A partir de ese momento, el fiscal [de Nayarit] me cerró la puerta totalmente”, cuenta.Aguascalientes, por su parte, no ha dado respuesta. Y en Zacatecas, personal de la propia fiscalía está intentando desacreditarla, diciéndole a miembros de su colectivo que ella tiene vínculos con el CJNG. Además, la madre buscadora denuncia que esa misma fiscalía ha obtenido información sobre la existencia de videos que podrían ser evidencia sobre el paradero de Pablo, y que, en cambio, el personal que ha podido recabarlos los ha omitido intencionalmente y ha tratado de incriminar a su hijo escribiendo reportes en los que lo señalan como un “presunto líder delincuencial”.El caso de Pablo es un reflejo del síntoma de la gran enfermedad que asola a México: fiscalías sin competencias, sin recursos, sin capacitación. Esta madre buscadora ha contado todo su caso —una vez más— también a la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Compromisos y promesas hubo. Le dijeron que revisarían si su carpeta sería asumida finalmente por la FGR. Sobre las otras fiscalías y su actuar, nada. Una de las promesas del Gobierno federal ha sido que, desde ahora, se castigará a los funcionarios de las fiscalías que sean omisos o incurran en otros delitos.Alejandrina no ha podido tener acceso a los tenis que, intuye, pueden ser de Pablo. Aunque hay un inventario de prendas que la Fiscalía de Jalisco puso a disposición del público para ayudar al reconocimiento, después del hallazgo del rancho en Teuchitlán.Omar García Harfuch en una conferencia de prensa, el 24 de marzo.José Méndez (EFE)

Pablo Gómez salió de casa a buscar trabajo y acabó en manos del narco: “¡Ayúdame, el Cartel Jalisco es el que me tiene aquí!”
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