Uno de los cinco puntos en los que Colombia salió mal librada en la evaluación anual del gobierno de Estados Unidos sobre el compromiso de los países en la lucha contra las drogas fue la negativa a extraditar a cabecillas de los grupos armados ilegales que controlan el narcotráfico. Este flanco, atado a la política de ‘paz total’ y a las gabelas jurídicas concedidas a los capos, será determinante para revertir la descertificación condicionada. La Casa Blanca argumentó su decisión en “errores” de la política de drogas del gobierno Petro como las bajas cifras de erradicación, que el año pasado (y en lo que va del 2025) tocaron pisos históricos de menos de 10.000 hectáreas. Sin una política fuerte de erradicación y con las debilidades del programa de sustitución de cultivos que no ha logrado reemplazar la gobernanza criminal en los territorios, señalan los expertos, los narcocultivos se expandieron a 253.000 hectáreas —según la cifra de 2023—, alcanzando una producción potencial de 2.664 toneladas de clorhidrato de cocaína al año, la más alta de la historia.En este fracaso de las tareas antinarcóticas, la administración Trump señaló como uno de los detonantes los intentos de negociación con los grupos armados en el marco de la llamada ‘paz total’.”En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles históricos bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas no hicieron más que agravar la crisis”, se lee en el comunicado del Departamento de Estado. Y agrega: “Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína llegaron a cifras récord, mientras que el Gobierno de Colombia ni siquiera cumplió con sus propias metas de erradicación —ya considerablemente reducidas—, socavando años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países en la lucha contra los narcoterroristas”.Para Estados Unidos, Colombia falló de manera demostrable en el cumplimiento de sus obligaciones de control de drogas, responsabilidad que atribuyó “únicamente a su liderazgo político”, excluyendo a los mandatarios locales y a la Fuerza Pública. Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, junto con los comandantes de las FF. MM. y de la Policía, viajaron una semana antes de la decisión para ablandar las posibles sanciones, escenario que no ocurrió. Washington mantendrá la cooperación.Finalmente, como condición para “reconsiderar” la designación del país en esta lista negra que comparte con Venezuela, Afganistán, Bolivia y Birmania, EE. UU. impuso la adopción de medidas “más agresivas para erradicar la coca, reducir la producción y el tráfico, y responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluyendo una cooperación más estrecha con Estados Unidos para llevar a la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas”. La negativa de las extradicionesLa cooperación judicial con Estados Unidos fue uno de los ‘puntos de dolor’ en la tensa relación binacional. Colombia, pese a las órdenes de captura internacionales, se negó a enviar a la justicia norteamericana a capos como ‘Mocho Olmedo’, del frente 33 de las disidencias de las Farc; alias ‘H.H.’, de los ‘Comuneros del Sur’; y alias ‘Araña’, de los ‘Comandos de la Frontera’, tres de las estructuras armadas que controlan el narcotráfico en el Catatumbo y el suroccidente.Esta negativa, en el marco de las negociaciones de paz con los grupos criminales que comandan. Para el exprocurador Carlos Arrieta, no se trata de factores aislados. “La descertificación fue una decisión política de los Estados Unidos, un mensaje del gobierno de Donald Trump. En el fondo, no hay confianza en la política de drogas del presidente Petro. No creen que sea una política seria ni que exista un compromiso real del Gobierno en reducir los cultivos y combatir a los narcos”.El analista Jairo Libreros, por su parte, aseguró que esta ‘espina’ generó molestia en EE. UU. “porque quienes representan el liderazgo de estas estructuras criminales están involucrados en el narcotráfico, en la explotación de rentas ilícitas y en la comisión de delitos como el homicidio, el secuestro y la extorsión. Sus liderazgos no están relacionados con actividades de insurgencia ni con cambio político. Son delincuentes y, como consecuencia, susceptibles de ser extraditados”.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia