En un expediente de casi 600 páginas, el magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, consignó las pruebas contra los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, por las cuales pidió a la Sala de Instrucción imponerles medida de aseguramiento. En el documento, conocido por EL TIEMPO, se anexan los testimonios de altos funcionarios que hablaban de una “política” presentada al gabinete para sacar adelante las reformas sociales.La primera en referirse a este término fue la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien aseguró que hubo una directriz lanzada por el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco en un consejo de ministros con la que se pretendía que los integrantes de esa mesa “adoptaran” a un congresista para acomodar su voto en favor de los proyectos del Gobierno. Los cinco alfiles presidenciales que han caído en el escándalo de corrupción de la UNGRD Foto:ArchivoDesde finales de marzo de este año, los testimonios del exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, entraron al expediente de la UNGRD en la Sala de Instrucción. En ellos se señalan denuncias internas por corrupción en el manejo de los recursos del Ministerio de Hacienda durante la administración de Ricardo Bonilla —hoy investigado—, que fueron puestas en conocimiento del Presidente sin que este tomara acción alguna.Reyes, en su testimonio juramentado, sostuvo que no tenía conocimiento puntual sobre el direccionamiento de contratos por los que terminaron investigados los congresistas —y el excongresista Juan Diego Muñoz—, pero sí sobre “la entrega de los denominados cupos indicativos que ocurrieron en el Gobierno al que él perteneció”.Así mismo, que como jefe en ese momento de la Dian y luego del Ministerio de Comercio, “supo que dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizaban este tipo de prácticas”, y señaló puntualmente a Andrea Carolina Riveros como la persona encargada de poner en marcha esa metodología. “Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales (…) para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, señaló.Y dijo que sobre este tema tenía conocimiento el Presidente desde el 18 de diciembre de 2023, cuando, en un consejo de ministros, Reyes levantó la mano y le manifestó al presidente de la República lo que sabía de esas prácticas y, especialmente, sobre su vigencia en el Ministerio de Hacienda, entonces en cabeza de Ricardo Bonilla González.En la foto, Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, el Presidente y Luis Fernando Velasco. Foto:PresidenciaSin embargo, el testigo aclaró que su denuncia no fue bien recibida por algunos de los asistentes a ese consejo, en particular por la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, quien lo increpó por sus afirmaciones y le dijo que ese tipo de cosas “no se puede decir en voz alta”.En la declaración de Reyes, el exfuncionario también cuestionó el traslado de 200.000 millones de pesos de la Dian a la UNGRD en la asignación presupuestal del 2023, bajo el argumento de “falta de cooperación” con algunos congresistas, la tarea puesta al gabinete para aceitar las reformas. Su testimonio fue corroborado por María Fernanda Valdés, exviceministra técnica del Minhacienda, quien le dijo a la Corte que la única persona que mencionó los cupos indicativos en el alto Gobierno fue Reyes, “quien hablaba de una posible práctica de reparto de estos cupos y el desvío de recursos”. Tanto Bonilla como Diego Guevara, entonces viceministro y quien lo sucedió en el cargo, le afirmaron a la Corte que no recuerdan puntualmente las reuniones con los congresistas. Así mismo, Bonilla aseguró que su mano derecha, María Alejandra Benavides —hoy principal testigo del caso— era un “teléfono roto” y negó la existencia de los famosos cupos.Velasco, por su parte, dijo no recordar y desestimó a Benavides, asegurando que “no era importante”.El presidente Petro declaró el 6 de febrero de 2025, bajo certificación jurada, que “Bonilla le había informado sobre dificultades, pero nunca de presiones particulares”, desligándose así de la defensa acérrima que le hizo a su ministro a mediados del año pasado, cuando aseguró que “nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la UNGRD”.Hoy, dos altos funcionarios de sus toldas: Carlos Ramón González y César Manrique, se encuentra prófugos de la justicia por este escándalo. Los congresistas investigados por la Corte. Foto:Archivo particularLa Procuraduría se opuso a la ponencia del magistrado Rodríguez de enviar a los cinco congresistas implicados a la cárcel. Sin embargo, aseguró que “hay inferencia razonable de los hechos punibles”. En el documento, además, se señala a Luis Fernando Velasco como la persona que “sembró” el plan criminal para corromper a los miembros de las comisiones económicas.Y se detalla en la filigrana de los correos humanos de Diana Carolina Joya (secretaria privada de Olmedo López), las constantes visitas de Karen Manrique y las llamadas de Jaime Ramírez Cobo, quien buscaba con urgencia a su jefe (Carlos Ramón González, exdirector del Dapre) y advertía que “algo en el Congreso se iba a caer”. Ramírez reconoció que envió a Diana Carolina a la oficina de Olmedo López, por instrucción de María Alejandra Benavides, porque “los créditos de la Nación estaban en riesgo”. También admitió haber hablado con Sneyder Pinilla, aunque aclaró que los cupos indicativos estaban prohibidos.Todas estas actuaciones estaban enmarcadas en la “aprobación” de los cupos, a cargo de las comisiones económicas —a las que pertenecían los congresistas hoy investigados—, y por las cuales los funcionarios del Gobierno (también investigados) les ofrecían el direccionamiento de contratos de proyectos en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.Las pruebas en su contraEl expediente del magistrado Misael anexa los chats entre la exasesora de Bonilla y varios congresistas, como Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como con el propio ministro y el viceministro de ese entonces, Diego Guevara.En ellos se coordinan las reuniones con los integrantes de las comisiones, de las cuales se logran concretar dos: una el 4 de octubre, un desayuno en el que se habría planteado la propuesta, y otra el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, en la que se concretó. Las conversaciones que evidencian la planeación están respaldadas por los registros de ingreso de ambos días, así como por las grabaciones de las cámaras de seguridad.Los primeros seis procesados por el escándalo de la UNGRD. Foto:Cortesía“Los chats de Benavides Soto permiten conocer, a su vez, que otro de los puntos derivados del desayuno habría sido una instrucción puntual dada a aquella por el ministro Bonilla González de atender a los congresistas de la CICP”, se lee en el documento.Y agrega: “A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”.Para la Sala, los chats, videos y registros —entre estos, una conversación entre María Alejandra Benavides y el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien termina salpicado en el escándalo— sobre ambos eventos tienen un valor probatorio significativo, pues permiten sustentar la existencia de un hilo conductor entre el desayuno del 4 de octubre y la reunión prevista para el 31 de octubre de 2023.Según los mensajes, este último encuentro habría tenido como propósito concretar una contraoferta del ministro Ricardo Bonilla González a los miembros de la CICP involucrados en la negociación. Así se desprende de una conversación en la que Benavides Soto le advierte a la secretaria privada del ministro que la única manera de mantener la fecha y garantizar la asistencia de algunos congresistas era que Bonilla “les tuviera una contrapropuesta”.“A la luz de las pruebas recogidas hasta el momento, la Sala sostiene que, en esta reunión informal, una vez más, se trataron asuntos extraoficiales de la CICP, probablemente vinculados a la negociación que se había estructurado con anterioridad entre algunos de sus integrantes y el ministro de Hacienda.”, advierte.#Colombiaen5 Foto:Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia