El abierto –y fallido– intento de interferencia de un gobierno, el de Gustavo Petro, en el proceso de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional no es algo que deba darse por superado por el solo fracaso de la estrategia de amarrar votos en el Congreso a punta de la repartija de la ‘mermelada’ oficial. LEA TAMBIÉN Aseguran el Presidente y su ministro de la política (en bajas), Armando Benedetti, que a la magistrada del Tribunal de Buga Patricia Balanta no la eligieron para la Corte por ser negra y de origen humilde. La realidad, como siempre, es mucho más compleja que la que pretende imponer la narrativa de la Casa de Nariño. Así, la legítima aspiración de Balanta, una jueza reconocida por su carácter vertical en más de 30 años de carrera, terminó asfixiada por el ‘abrazo del oso’ de un gobierno que, sin siquiera intentar disimularlo, movilizó toda su maquinaria para tratar de atajar la candidatura de Carlos Camargo, a la postre holgado ganador de la puja en la plenaria del Senado. La señora Balanta, que en público y en privado defendió su independencia frente a la polémica campaña del Ejecutivo, no logró romper la prevención que hay en muchos sectores frente a la supuesta intentona del gobierno Petro por asegurarse un bloque fuerte en la Corte Constitucional. Una prevención que puede sonar exagerada, pero que se alimenta de ‘decretazos’ y otros globos como la constituyente por fuera de los caminos constitucionales o los gritos de miembros del sanedrín presidencial por una reelección que simplemente no tiene hoy viabilidad legal ni constitucional. LEA TAMBIÉN La descabezada –hasta ahora– de tres ministros y varios jefes de entidades públicas y la pública cacería de brujas para tratar de determinar quién en el Pacto Histórico decidió votar contra la orden de Palacio y votar por el exdefensor del Pueblo representan también una confesión de facto de cómo para el autodenominado ‘gobierno del cambio’ se ha normalizado una práctica que no es que antes no existiera, pero que al menos ruborizaba y trataba de disimularse: la negociación de burocracia a cambio de votos en el Congreso.Más allá del ruido, el hecho cierto es que los nueve magistrados de la Corte Constitucional, que históricamente ha sido bastión de la democracia, la defensa de los derechos de las minorías y la independencia de poderes, tienen el sagrado deber de la ingratitud: decidir en derecho, sin sesgo y con plena independencia de los poderes e influencias que, además de sus propios méritos, los ayudaron a llegar al cargo. Esa es la misión de Camargo y sus ocho colegas, incluidos los dos ternados con la bendición presidencial. LEA TAMBIÉN JHON TORRESEditor de EL TIEMPOEn X: @JhonTorresET