La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) rechazó la expedición del Decreto 0799 del pasado 9 de julio, con el que el Gobierno cambió el juez que revisará las tutelas en contra del presidente Petro. Desde 2021, esa facultad estaba en poder del Consejo de Estado, sin embargo el Ministerio de Justicia decidió que sean los jueces de circuito los que estudien los reclamos constitucionales que se le eleven al primer mandatario.En la mañana de este martes, Petro se pronunció al respecto, resaltando que el cambio “es asunto de democracia: el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena”.A través de un comunicado, la Corporación expresó un enérgico rechazo a lo promovido por el ministro Eduardo Montealegre, manifestando que esto “constituye una grave alteración del orden institucional y representa un nuevo precedente que contribuye a la erosión de la separación de poderes en Colombia, en tanto busca quitarle al Consejo de Estado la competencia para conocer de las acciones de tutela, que se presentan en contra de los actos del poder Ejecutivo”.Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Foto:Ministerio de JusticiaPara la organización, presidida por Hernando Herrera, es llamativo que el decreto se haya conocido luego de que el Consejo de Estado suspendió temporalmente el Decreto 0639, con el cual Petro quería convocar a una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía sobre asuntos en materia laboral: “Esta coincidencia solo puede interpretarse como una clara retaliación del Gobierno en contra de la más alta corte de la jurisdicción contencioso administrativa, lo que pone en riesgo principios fundamentales como la independencia y la autonomía de la Rama Judicial, todos ellos indispensables para la vida democrática de la sociedad colombiana”.La lectura que da la Corporación a este cambio es que cuando una decisión judicial no le conviene al Ejecutivo, quieren quitarle competencias a la autoridad que la emitió, “afectando de esa manera las reglas del control judicial sobre actos del jefe de Estado”.Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia. Foto:Cortesía Corporación Excelencia en la JusticiaFrente a la legalidad del Decreto 0799, la organización resaltó que se estaría desconociendo por parte del Ministerio de Justicia, el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, que indica que ese tipo de proyectos, independientemente de su objetivo, tienen que contar con el concepto previo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, presidido por el magistrado Luis Alberto Álvarez, de la Sección Quinta.”A juicio de la CEJ, esta disposición está llamada a ser suspendida de forma provisional y posteriormente declarada nula por los vicios que incorpora. Esta forma de arbitrariedad debe ser reparada por los cauces de la justicia a partir de los argumentos que para garantizar el control judicial de los actos del Gobierno concede el ordenamiento jurídico vigente”, concluyeron.El presidente Gustavo Petro se refirió al decreto que cambia las competencias del Consejo de Estado. Foto:Presidencia de la RepúblicaCarlos López – Justicia – @CarlosL49 – carben@eltiempo.com