La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a menos de un mes la primera sentencia con Sanción Propia contra los siete exjefes del último secretariado de las extintas Farc, señalados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en particular el secuestro. Durante una histórica audiencia pública de verificación, las víctimas alzaron su voz para exigir verdad, reparación real y respeto por su dignidad, ante un tribunal que ahora tiene 20 días hábiles para decidir si se cumplen las condiciones para imponer sanciones restaurativas.Audiencia. Foto:CESAR MELGAREJO.Gloria Stella Manrique Sandoval, víctima acreditada, abrió la jornada con un mensaje contundente: “Se nos ha fallado. No hay respuestas justas frente a los delitos de barbarie y de lesa humanidad. No ha habido una verdad plena (…). Las víctimas no buscamos venganza. Buscamos dignidad. Exigimos una verdad completa, sin rodeos ni eufemismos”.El auditorio, compuesto por familiares de secuestrados, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y representantes de entidades del Estado, escuchó relatos de violencia que siguen sin respuestas claras. Juan Carlos González, también víctima, cuestionó la falta de compromiso institucional con la paz. “Son muchas las puertas que se golpean, pero pocas las que se abren. Nuestros proyectos de vida fueron truncados por el conflicto armado”.Luego, Wilson Hernán Benavides Martínez rindió homenaje a los militares y policías víctimas de las tomas guerrilleras: “Honramos la memoria de quienes entregaron sus vidas por defender la democracia”, dijo, tras recordar tragedias como las de Mitú, Las Delicias y Patascoy.Las propuestas de reparación presentadas por los exjefes de las Farc, conocidas como TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido restaurador), fueron duramente cuestionadas por varias víctimas. Sergio Alzate, representante de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc afirmó que “no existe consenso con las víctimas”, y que los proyectos “no tienen pertinencia, ni enfoque territorial, ni anclaje real en los territorios”.Julián Gallo en su declaración ante la JEP. Foto:JEP.La indignación aumentó con la ausencia de Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc, en la audiencia. La abogada Laura Valentina Barrero Jiménez, representante de víctimas, advirtió que esta falta “pone en evidencia el nivel de compromiso real que los comparecientes están dispuestos a asumir”.En su intervención, Barrero también habló en nombre de una víctima LGBTIQ+ del Urabá antioqueño, secuestrado y violentado por su orientación sexual. “Las personas LGBTIQ+ secuestradas por las Farc-EP fueron sometidas a escarnio, golpizas y amenazas de ‘corrección’. No fueron tratadas como el resto de las víctimas”, señaló.Jorge Andrés Almanza, del Instituto Iberoamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, denunció que los comparecientes siguen sin reconocer el crimen de lesa humanidad de esclavitud. “Han solicitado incluso que se declare su inexistencia”, dijo, en referencia a las condiciones de cautiverio impuestas a civiles, militares y policías.El magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, valoró las intervenciones de las víctimas. “Su humildad, su dignidad y la profundidad de cada palabra que expresan merecen toda nuestra admiración y respeto”, afirmó. Y agregó que las solicitudes de los representantes serán resueltas en la sentencia, salvo un caso específico de posible incumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de FEVCOL, que será analizado por separado.Mientras se define el futuro jurídico de los exjefes guerrilleros, las víctimas insisten en que la justicia restaurativa no puede traducirse en impunidad. Reclaman que sus historias, muchas aún sin respuesta, sean reconocidas en su totalidad, y que la reparación no sea un trámite, sino un acto de verdad y dignidad.Juan Diego TorresDielas@eltiempo.comMás noticias: